Algún día los demócratas españoles deberán agradecer a Carles Puigdemont sus esfuerzos y sacrificios para poner en evidencia la decadencia del sistema político-institucional del estado español. Solo la verdad les hará libres. Y la verdad es que la justicia europea ha desautorizado a la española en un hecho sin precedentes de tanta trascendencia desde la dictadura del general Franco. Tampoco esta vez la Armada Invencible estaba preparada para luchar contra los elementos... de la democracia europea.

No todo está resuelto ni mucho menos, pero suceda lo que suceda a partir de ahora, queda claro que la iniciativa del president Puigdemont de exiliarse para internacionalizar el conflicto catalán y buscar una intervención de jueces imparciales ha resultado un éxito.

Difícilmente podría ahora el rey Felipe de Borbón repetir el discurso que le encargó Mariano Rajoy en Davos para proclamar que España es un estado de derecho, y no solo por el asunto catalán... España vuelve a vivir una crisis política similar a una tormenta perfecta. La justicia española ha quedado desacreditada en Europa. El gobierno de Mariano Rajoy prometió a los aliados estabilidad política y económica y no tiene ni una cosa ni la otra. Los casos de corrupción siguen pesando como sacos de plomo en un ejecutivo incapaz de conseguir un acuerdo para aprobar los presupuestos. Solo faltaba el escándalo del misterioso máster de Cristina Cifuentes, la presidenta madrileña, que la descarta definitivamente como la sucesora de Rajoy que debía limpiar la imagen del partido más sucio del continente.

El caso de Cristina Cifuentes no es un asunto menor, porque también ha hecho un daño irreparable al prestigio de las universidades españolas. Un país sospechoso incluso en la expedición de los títulos académicos no tiene homologación posible en Occidente. Es la imagen de marca de una monarquía bananera, donde precisamente ahora el principal entretenimiento televisivo agrava la crisis de estado: la riña en público de las dos reinas ha disparado las audiencias.

En cualquier caso, la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de descartar la extradición a Espanya de Puigdemont por el delito de rebelión marcará un antes y un después de la causa general contra el soberanismo catalán. Los jueces alemanes consideran "inadmisible desde el principio" la acusación de rebelión precisamente porque no observan "violencia" en los actos atribuidos al president catalán y que figuran en la instrucción judicial, elaborada a partir de relatos falsos construidos por policías y periodistas colaboracionistas.

Al desautorizar la justicia alemana la instrucción del juez Pablo Llarena en lo que forma el núcleo esencial de la acusación contra Puigdemont, se hunde la estrategia inculpatoria. Así que la prisión preventiva que sufren en Estremera y Alcalá-Meco los que el 1 de octubre eran sus subordinados en el Govern de la Generalitat se convierte, desde el punto de vista europeo, en una violación flagrante de derechos que tarde o temprano el estado español tendrá que admitir y reparar.

Ahora está más claro que nunca que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, así como Jordi Cuixart y Jordi Sanchez, están injustamente en prisión, cuando jueces imparciales alemanes, belgas, daneses, británicos y suizos han dejado en libertad a Puigdemont y al resto de consellers exiliados, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. He aquí una prueba fehaciente de la regresión democrática en España.