La extrema derecha irrumpió en el Congreso de los Diputados con fuerza: un caballo de Troya con 52 diputados de Vox. Desde entonces, nada ha vuelto a ser lo mismo: el parlamentarismo, sus formas, han pasado a mejor vida. Lo demostró, el miércoles pasado, la portavoz ultra Macarena Olona, durante la sesión de control, calificando de "muy fea" a la vicepresidenta Yolanda Díaz y de "perros rabiosos" a los sindicatos. Y pasó como si nada. La presidenta Meritxell Batet ni siquiera le dio un toque de atención, ni una advertencia. Nada de nada: sólo pedir "silencio" al resto de diputados. La sesión plenaria siguió como si nada hubiera pasado. Ante la impunidad, al día siguiente volvió a la carga por el pool de prensa de los pasillos del Congreso: "No entiendo por qué se están manipulando mis palabras y por qué se está tomando en un sentido literal. Yo le expliqué a la ministra comunista que se tiene que ser muy fea, y que esconde una gran fealdad, cuando amenaza a millones de españoles (los votantes de Vox) desde el templo de la palabra".
La escena de Olona con Díaz es sólo el último episodio. Con Vox, se ha destapado la barra libre de los insultos, de los improperios, e incluso de las amenazas en el Congreso, con una total impunidad. Se vio cuando el también diputado de Vox José María Sánchez llamó "bruja" a una diputada del PSOE, Laura Berja, que defendía una iniciativa contra los acosos a las mujeres que quieren abortar. Estas agresiones verbales las han sufrido políticas de izquierdas, casi siempre mujeres. Como también han sido siempre mujeres las periodistas parlamentarias que Vox ha expuesto y señalado a través de las redes sociales —con vídeos debidamente editados— por formular preguntas críticas a las ruedas de prensa. Una ruptura de todo decoro que también ha tenido un efecto contagio. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha tenido que soportar cómo el diputado del PP Mario Garcés le gritaba "muérete" desde su escaño. El líder de Más País, Íñigo Errejón, tuvo que escuchar cómo el también parlamentario popular Carmelo Romero le decía "véte al médico" cuando formulaba una pregunta sobre salud mental. Portavoces de grupos parlamentarios consultados admiten que esto es sólo la punta del iceberg, que en realidad es una constante. Y sin tener en cuenta el sabotaje –también impune– de actos que no son de su agrado.
Un retroceso que es en las formas, pero también en el contenido y en los grandes consensos políticos —frágiles pero existentes— hasta su irrupción. Un par de horas después de insultar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, Macarena Olona se las tenía en una interpelación con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Cuestionó la "mal llamada violencia de género" y la acción pública para combatirla, con conceptos como "criminalización del barón", "políticas hembristas", "odio patológico hacia el hombre", "lucha de sexos" o "tiranía del feminismo". Directamente la negó: "Sólo Vox dice que la violencia no está en el ADN masculino, que la violencia no tiene género ni sexo". También aprovechó para cargar contra cualquier legislación trans, tanto estatal como autonómica. Y, como era previsible, entrando en el terreno personal, hablando de su relación con Pablo Iglesias. La ministra Montero se encargó de frenarle los pies: "¿Cuántas mujeres más tienen que ser agredidas, cuántos bebés de once meses tienen que ser asesinados en manos de los maltratadores para que ustedes entiendan que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de salvar vidas y garantizar derechos?".
Sin ir más lejos, Vox es el único partido político que ahora hace un mes se negó a firmar la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. De hecho, durante los últimos tres años, desde que irrumpió en el Congreso de los Diputados, ha impedido declaraciones institucionales contra la violencia machista con motivo del 25-N, día internacional de la eliminación contra la violencia de las mujeres. Unos textos que requieren unanimidad para ser aprobados y leídos. Pero no es el único consenso dinamitado por la formación de extrema derecha. Sólo en los últimos tres meses, y sólo teniendo en cuenta el Congreso, el partido de Santiago Abascal ha impedido la aprobación de declaraciones institucionales en el día mundial contra el Sida (porque hacía alusión a la agenda 2030), en el día de la infancia (también alegando la agenda 2030, una agenda "importada" que no "asumen") o de condena a la marcha neonazi del barrio de Chueca. En otras instituciones, como el Parlament, ha impedido declaraciones institucionales contra la homofobia. Tales son los vetos de Vox que algunos grupos, como ERC, han llegado a plantear una reforma del reglamento para acabar con el requisito de unanimidad, que antes se daba por descontado. Un partido, por otra parte, que no ha tenido problema en blanquear la dictadura franquista, contraponiéndola con el gobierno de coalición PSOE-Podemos, "el peor en ochenta años" según Abascal.
Sorprendentemente, la legislatura empezó con la voluntad de construir un cordón sanitario a la extrema derecha. Un cordón que, sintomáticamente, ya saltó para|por los aires en el primer día, con la constitución del Congreso. Los números daban para dejarlos fuera de la Mesa de la cámara baja, pero suponía que el PSOE pudiera perder la vicepresidencia primera y quedarse con la segunda. Los socialistas priorizaron sus cargos y la extrema derecha acabó haciéndose con la vicepresidencia cuarta. El cordón tampoco parece haber funcionado en la misma actividad parlamentaria, que se ha visto completamente alterada.
El papel de Batet
Ni siquiera hay unanimidad entre los diversos grupos de la izquierda y el independentismo a la hora de atribuir responsabilidades. La presidenta Meritxell Batet ha sido situada en el punto de mira para|por Unidas Podemos. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, denunció públicamente esta semana la actitud de pasividad de la presidenta del Congreso, acusándola de una "falta de autoridad" que permite que se "degrade" cada vez más la cámara baja. "El Congreso, si se convierte en el patio de colegio de Vox, lo que hoy son gamberradas sin correctivos, mañana se pueden convertir en atentados graves a la democracia", advertía.
Pero también hay otros que no lo tienen tan claro, como Gabriel Rufián. En conversación con ElNacional.cat, el portavoz de ERC cree que si bien Batet "seguramente podría hacer más", también considera que tiene un papel muy difícil. "No aporta nada criticar al árbitro. Me preocupan más algunas decisiones de la Mesa vetando comisiones que esto", asegura al respecto. Sea como sea, la extrema derecha ya está dentro y, según Rufián, toca hacerle frente: "Es como si cae una mosca en el plato. Ya nadie vuelve a comer a gusto. Para mí la única alternativa es la ironía e interpelar a su votante de clase trabajadora. Si eres de barrio pobre y votas lo mismo que el dueño de la empresa donde trabajas... ¿Quién se equivoca, tú o él?".
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, es muy clara y contundente en el diagnóstico, a la hora de atribuir responsabilidades: "La barra libre la tienen porque se les ha dado. A los partidos que ahora lloran les preocupaba más un independentismo sano y democrático que una ultraderecha fascista". En este sentido, recuerda que es la misma extrema derecha "con la que se manifestaron y a la que piden los votos cuando les faltan, como en el real decreto de fondos europeos".
El diputado de la CUP, Albert Botran, denuncia una doble vara de medir: "Nos llama la atención que hay cosas que se aceptan como normales. Como que se dirijan al independentismo como nazi o asociar la inmigración con las agresiones sexuales sin ningún tipo de advertencia de la Mesa". En cambio, contrapone Botarán, "nosotros hemos sido advertidos muchas veces por referirnos a las corruptelas de la monarquía o por hablar en catalán". Y añade: "Hay cosas que se consideran fuera del decoro y otras que se consideran dentro".
Los medios ultras
Un capítulo aparte merece la irrupción de medios de extrema derecha y filofranquistas, como EDATV o 7NN, en el Congreso de los Diputados, que también han sacudido la sala de prensa con sus espectáculos diarios. Este hecho provocó el malestar y consiguió unir a los jefes de prensa de los grupos de la izquierda y el independentismo. El hecho es que disponen de una acreditación que los servicios de prensa de la cámara han negado a otros medios progresistas con más audiencia. Pero, después de mantener reuniones con la institución, todos ellos admiten que ahora es una situación difícil de revertir. Javier Negre y compañía tienen un potencial aliado: el Tribunal Supremo. Está muy presente el precedente de Segundo Sanz, redactor de OKDiario a quien se le retiró la acreditación después de entrar y grabar ilegalmente los despachos de Pablo Iglesias e Irene Montero. El alto tribunal deshizo aquel acuerdo y le devolvió la credencial. Poco que hacer con tales aliados.