Nuevo frente. El presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, se habría excedido en su intervención cuando ha cortado a la defensa de Laura Borràs, ejercida por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, en el interrogatorio de una testigo, este martes, en la cuarta sesión del juicio sobre la supuesta gestión irregular de Borràs como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), de 2013 a 2017. "En las próximas fases del proceso ya lo podrán alegar", ha afirmado Barrientos, que podría dar a entender que ya tiene formulado su criterio sobre Borràs e, incluso, una sentencia condenatoria, en opinión de algunos juristas que lo han escuchado. Barrientos se puede haber referido a la fase de los informes finales, pero Boye ha recriminado abiertamente al magistrado que ya lo recusaron "por su falta de imparcialidad", no admitida por la sala 77 del TSJC, y su actuación en la vista "ha cercenado el derecho de defensa".
La Fiscalía pide para la presidenta de Junts 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación, por haber aprobado 18 contratos de la ILC, que suman 309.000 euros. La misma pena que para Isaías Herrero, el informático y amigo de ella, a quien habría encargado varios programas para la web de la Institució, y el cual admitió el lunes que acordó con Borràs que haría varios contratos "comparsa" para simular la existencia de competencia y obtener todos los trabajos de la web de la ILC. Para el tercer acusado, Andreu Pujol, la Fiscalía le pide tres años de prisión. La confesión de Herrero y su incriminación de Borràs podría implicar que la Fiscalía le rebaje la petición final de la pena.
La tesis de la defensa de Borràs es que no hubo un fraccionamiento de 18 contratos, sino que eran cuatro encargos (como la web la ILC, la web del año literario Vinyoli o la web del año literario Ramon Llull) con contratos diferentes, y que "no es una unidad funcional y operativa" como insiste la Fiscalía. Barrientos ha cortado el interrogatorio de Elbal a Marina Arjona, amiga de Isaías Herrerro. Elbal ha indicado que evidenciar que Herrero era un experto en su sector y que por eso se le encargó la mayoría del trabajo de la Institució, hecho, a parecer suyo, que desmonta la prevaricación. El presidente del tribunal le ha respondido que "no se discute la calidad sino los contratos" y, al final, Elbal ha concluido el interrogatorio y se ha vuelto a quejar de que "se le está cercenando el derecho de defensa".
El parón de la web
Arjona ha explicado al tribunal que fue a la Institució para explicar que el informático se encontraba mal, afectado de una depresión, y que su empresa haría "de interlocutora" con el ente público, hacia el año 2017. A preguntas de la fiscal Assumpta Pujol, ha admitido que Herrero hacía el mantenimiento de la web de la Institució, no solo para un encargo puntual, y que los trabajadores y Borràs lo sabían. En la vista del lunes, la fiscal afirmó que la relación de Herrerro y la ILC era "un contrato encubierto" y Herrero lo admitió, afirmación criticada por la defensa de Borràs por "acusación novedosa". Arjona también ha asegurado que no permitió a Herrero que realizara facturas con el nombre de su empresa el año 2015.
Precisamente, Joan Elies Adell, que fue sucesor de Laura Borràs como director de la ILC de junio de 2018 a marzo de 2019, ha defendido que se contratara a Isaías Herrero por su combinación de ser un experto informático y conocer el mundo literario y que con el premio de Vinaròs, Herrero “fue un referente de la literatura y la creación digital, y, comparado con el deporte, sería un Nadal”. Ha lamentado que la Institució quedó seis meses sin dirección y parada; y que la web “cayó” después de que los Mossos registraran la entidad. Ha añadido que en septiembre de 2018 pidió a Herrero que lo ayudara porque el portal web de la Institució “quedó estático y no se actualizaba” y que no lo contestó. “No”, ha contestado Adell cuando Boye le ha preguntado si Herrero era el informático de la Institució, como sostiene la Fiscalía.
Por el contrario, Iolanda Pelegrí, que fue responsable de proyectos de la ILC hasta 2016, ha afirmado que Laura Borràs presentó a Isaías Herrero como el responsable que llevaría el portal web de la Institució a todos los trabajadores, y que se reunieron con él varias veces.
Las facturas "comparsa"
En la vista de este martes, el primero en declarar ha sido Carles Sala, informático y socio de Comunnia.org, después convertido en cooperativa, y que entre los años 2013 y 2015 realizó la plataforma virtual Què llegeixes? para la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y a encargo de Andreu Pujol. El trabajo fue hecho y pagado en tres facturas.
Después han declarado varios testigos que han confirmado que Herrero habría usado sus datos sin consentimiento para presentar los "presupuestos comparsa", como Herrero admitió el lunes en su confesión. Presentaban tres, y uno era el correcto. Por ejemplo, Javier Moro, administrativo de la cooperativa Freelance, dedicada a hacer facturas a los socios, ha confirmado que Isaías Herrero le pidió hacer unas facturas "sin que constara su nombre", según un correo electrónico leído en la vista; aunque ha aclarado que habitualmente se ponía el número de la empresa.
María Soledad Molina, de la cooperativa Smartcooper, ha asegurado que no aceptaron como socio a Herrero y que "no lo autorizaron a presentar presupuestos" en el nombre de la cooperativa. En 2015 consta una adjudicación de la ILC a Smartcooper, pero sin ningún dinero concedido, aunque se incluye en las dieciocho adjudicaciones bajo sospecha. Incluso, ha declarado Arturo Rosell, ingeniero y cuñado de Herrero, que ha negado que presentara contratos a la ILC y que lo habría hecho Herrero en los "presupuestos comparsa", que admitió en su confesión, en la vista del TSJC.
El juicio continúa miércoles con la declaración de más testigos, entre ellos, Roger Espar, que en la instrucción acusó a Borràs de decidir la adjudicación de los contratos menores y la Fiscalía le retiró la acusación inicial.