El exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados por el secuestro de Segundo Marey e indultados después parcialmente, se oponen al hecho de que esta medida se aplique a los presos políticos del 1-O. En este sentido, Barrionuevo afirma que los dos casos "se parecen como un huevo a una castaña".

En declaraciones en La Vanguardia, Barrionuevo ha recordado que a él y a Vera los indultó parcialmente el Gobierno de José María Aznar por "petición unánime" de la misma sala del Supremo que les había condenado con los votos en contra de más de un tercio del tribunal (7 en 4). Una condena que, ha enfatizado, "se debió a la detención irregular de una persona durante nueve días, sin referencia a los GAL, a pesar de lo que dicen algunos, y dejando claras a qué personas se declararon responsables de los hechos".

"El PP nos indultó para corregir su error al romper el consenso en la lucha contra ETA", ha sostenido a Rafael Vera en el mismo diario.

Imagen: Rafael Vera en una entrevista en ETB / ETB

El arrepentimiento

Según Barrionuevo, su caso no tiene nada que intentar con el contexto de un posible indulto a unos presos por el procés que, además de tener en contra el informe del Supremo, desafían la condición comprometerse a "no reincidir en la vulneración de las leyes".

Rafael Vera coincide en todo el expuesto por Barrionuevo y, además subraya la "deslealtad constitucional" de la cual según su opinión hacen gala a los políticos independentistas condenados por el procés.


Una medida de este alcance -ha subrayado Verdadera- no puede tomarse sin contar con el principal partido de la oposición; hay que tratar de llegar a un acuerdo (con el PP) y, si no es posible, retrasar la medida, pero en todo caso hace falta insistir en el diálogo y dejar claro que lo ha habido".

¿Qué ha dicho el Supremo?

El tribunal que juzgó la causa del procés ha informado negativamente sobre la concesión de cualquier forma de indulto
–total o parcial— a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros se desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Imagen principal: El exministro del Interior José Barrionuevo con Felipe González/ EFE