Socavón en la Moncloa. Una medida que tenía que servir al Gobierno para coger aire y exhibir su perfil progresista se ha acabado convirtiendo en un bumerán. Es el Salario Mínimo Profesional, que sube un 4% para llegar hasta los 1.184 euros mensuales, en un hito que el PSOE y Sumar siempre han abanderado frente al Partido Popular. Pero lo que podría haber sido una balsa de aceite se ha transformado en una profunda crisis que puede sacudir los cimientos de la coalición. Y, de rebote, puede hacer tambalear la delicada relación del Gobierno con los habituales socios parlamentarios. El choque ha llegado a raíz de la decisión del Ministerio de Hacienda, capitaneado por María Jesús Montero, de hacer tributar el SMI por primera vez en la historia y dejar de adaptar el mínimo exento del IRPF a las subidas del SMI (como se había hecho hasta ahora), cosa que afectará al 20% de los perceptores.
Esto ha generado la oposición frontal de Yolanda Díaz, que reafirma su determinación en que ninguno de los perceptores del SMI tenga que pagar IRPF. El choque estalló públicamente y al máximo nivel el martes después del Consejo de Ministros y ambos actores han mantenido las discrepancias en los últimos días. El que ha sido más ambiguo ha sido Pedro Sánchez, que ha evitado apoyar explícitamente a su mano derecha en la Moncloa y en el PSOE. Asimismo, todo esto ha levantado en armas a los socios parlamentarios habituales y al PP, que ya han anticipado que plantarán batalla en el Congreso para frenar los planes de Montero.
“Si consideramos que el Gobierno está persiguiendo que el SMI ya no sea un salario de subsistencia, sino que sea un salario acorde con las necesidades básicas de las familias, esto significa tener derechos y deberes respecto a estos salarios”, argumentó el viernes María Jesús Montero, que abogó por la “pedagogía” para no incurrir en el “populismo fiscal”. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda defendió que el nuevo SMI es un “sueldo digno” que deja atrás los 735 euros de SMI de Mariano Rajoy, con los que las familias “apenas podían subsistir y llegar a fin de mes”. “Entonces, tenía sentido que ese salario tan exiguo se acompañara de una total exención fiscal y se tratara como si fuera una renta de inserción o una prestación”, verbalizó. Y esta es la argumentación que han repetido los socialistas en las últimas horas.
“Bendito debate”, proclamó Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presumió de que el Gobierno ha subido “tanto” el SMI que “hay parte de los perceptores que tienen que pagar parte de la subida a Hacienda”, mientras que, con el PP, era un SMI “tan bajo que lo único que estaba en cuestión era si los últimos días de mes se podía llenar la nevera”. El miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez, también puso en valor el “debate” que se ha generado por haber subido el SMI un 61% desde que llegó a la Moncloa: “Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el SMI, para que no tuviera retención en el IRPF”, ironizó en su respuesta a Alberto Núñez Feijóo. Y fue lo único que dijo, sin cerrar filas explícitamente con Hacienda. Esta semana, fuentes de la rama socialista de la Moncloa argumentaron que es “necesario” que el SMI tribute para que pueda seguir subiendo: “Lo normal es que, en ese proceso, más receptores del SMI vayan superando el mínimo exento del IRPF. Que ocurra será buena señal porque significará que cada vez más trabajadores tienen un mejor salario”.
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Yolanda Díaz: “Creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”
Lejos de los razonamientos del PSOE, Yolanda Díaz continúa apostando por dejar el SMI fuera de la tributación del IRPF. “La pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”, sostuvo el martes después del Consejo de Ministros. Y reconoció que se enteró de la decisión de Hacienda por la prensa. Fuentes de su entorno reiteraban el día siguiente en el patio del Congreso su apuesta por una “tributación justa” y reconocían “profundas discrepancias” con María Jesús Montero. “Nuestra posición es clarísima”, insistían. Y por ello Sumar ha presentado una proposición de ley como respuesta a un anuncio del PSOE “unilateral y sin consenso”. “Debería cambiar de opinión para garantizar que las personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal”, esgrimían fuentes de Sumar.
El jueves, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, reclamó al Ministerio de Hacienda reunirse con el Ministerio de Trabajo para encontrar una “solución negociada”. “Aspiramos a que haya un acuerdo para solucionar esta situación lo antes posible y que esto sea una realidad”, subrayó. Y descartó negociar con el PP. Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy quiso rebajar la tensión: “Es evidente, público y notorio que hay una disparidad en esta materia, pero es necesario desdramatizar esto. Tenemos un gobierno de coalición y es normal que haya posiciones diferentes. Se argumenta, se defiende, se negocia y se llegan a acuerdos”, esgrimió.
Gabriel Rufián: “Le pido al PSOE que deje de cagarla, me parece una burrada”
Esquerra Republicana también recela de la decisión del PSOE. Los republicanos han registrado una proposición no de ley (que no tiene carácter vinculante) para instar a los socialistas a “incrementar el mínimo exento del IRPF para que no se aplique a los trabajadores que cobran el SMI” y a “descentralizar” el SMI para “adaptarlo a la realidad social y económica de las comunidades autónomas”. Públicamente, Gabriel Rufián ha sido el encargado de poner voz a este rechazo: “Le pido al PSOE que deje de cagarla. [...] Me parece una burrada que se le haga esto a la gente que cobra tan poco. No está bien que se la castigue de esa manera”, afirmó entre el martes y el miércoles en los pasillos del Congreso.
Míriam Nogueras defiende que “no es lo mismo vivir con el SMI en Catalunya que en Extremadura”
Por su parte, Junts per Catalunya ha aprovechado el revuelo para poner el dedo en la llaga de la división de la Moncloa: “Estamos perplejos por la imagen de insolvencia, de caos, de irresponsabilidad y de poco rigor. Solo hace de reforzar nuestra teoría de la desconfianza, es muy complicado en un Gobierno que ni entre él es capaz de llegar a acuerdos y consensos”, expresó el miércoles en una entrevista en La Hora de La 1. Sobre el SMI, consideró que tendría que adaptarse al coste de la vida porque “no es lo mismo vivir con el SMI en Catalunya que en Extremadura, dado que el coste de la vida de Catalunya es un 8% más alto que la media y el de Extremadura, un 14% menos”. Sobre la tributación, fuentes de Junts consultadas por ElNacional.cat reprocharon la estrategia del PSOE: “Con una mano dicen subir el SMI y con la otra lo hacen tributar”. En la misma entrevista, Nogueras se mostró partidaria de que la subida del SMI no pague IRPF.
El PP lo mira con palomitas: “Es un paripé y una burla al conjunto de los ciudadanos”
Mientras tanto, el PP aprovecha la bandeja de oro que le ha brindado el PSOE. Los populares ponen el dedo en la llaga y explotan al máximo las discrepancias entre los socios. “Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida”, denunció el martes Alberto Núñez Feijóo. “Lo que les pedimos es que dejen de alargar esta agonía a los más vulnerables”, añadió. El jueves, desde Lleida, el líder del PP fue más duro contra la actuación del Gobierno: “Ha hecho el ridículo y todo el país se ha dado cuenta de la división permanente y constante entre los ministros. […] Este contencioso que mantienen es un paripé y es una burla al conjunto de los ciudadanos”.
Asimismo, el viernes, en una entrevista en Las Mañanas de RNE, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, barrió para casa: “Venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo que la fiscalidad tiene que reducirse. El objetivo no tiene que ser todo subir impuestos, sino al contrario, y esto sitúa a Yolanda Díaz a nuestro lado”, subrayó. A todo esto, el PP ha presentado una proposición de ley en el Congreso para frenar la “decisión injusta” y la “jugada redonda” para el Gobierno. La aritmética parlamentaria abre la puerta a que Sumar, el PP y otros socios del PSOE puedan aliarse para empezar a tramitar (ni que sea) las leyes que planta cara a María Jesús Montero.
Los otros choques PSOE-Sumar: el proxenetismo, la jornada laboral, el Sáhara Occidental y la ampliación del puerto de València
No es la primera vez en poco más de un año de legislatura que el PSOE y Sumar chocan públicamente. Una de las votaciones que más enemistó a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fue la relativa a la ley contra el proxenetismo impulsada por los socialistas, que quería prohibir que alguien se lucre alquilando una habitación o un piso a una prostituta. El Congreso la hizo descarrilar en la primera votación y Sumar, a través de la diputada Gala Pin, reprochó al PSOE que fuera “cínico” o “inocente” si pensaba que con esta norma podría abolir la prostitución y le recriminó que quisiera “tutelar e infantilizar” a las mujeres.
Los dos partidos también votaron separados en temas de política exterior. Sumar votó a favor de una iniciativa del PP que instaba a la Moncloa a “recuperar la posición histórica de neutralidad activa” con respecto al Sáhara Occidental y rechazaba el “posicionamiento unilateral” que adoptó Sánchez en 2022, cuando cedió ante Marruecos y defendió el plan de autonomía para el Sáhara Occidental, abandonando la posición neutral mantenida hasta entonces. Un año antes, el PSOE también se había quedado solo en esta materia.
Un capítulo de enfrentamiento reciente ha sido la reducción de la jornada laboral. Sumar tenía más prisa que el PSOE y Yolanda Díaz llegó a cargar públicamente contra Carlos Cuerpo: “Es casi de mala persona”, afirmó la vicepresidenta segunda, que reconoció “desacuerdos manifiestos” con el ministro de Economía. Hace diez días, después de semanas de tira y aflojas entre todos dos, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que lo tiene que hacer posible. Finalmente, el PSOE y Sumar también discreparon en la ampliación del puerto de València. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, alegó que era una decisión que iba “contra el sentido común”, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que es un “proyecto medioambientalmente positivo”.
Una pugna que desentierra el recuerdo de antiguos conflictos con Podemos
Todas estas fricciones recuerdan las que en su día enfrentaron el PSOE y Unidas Podemos. Estamos hablando de la pasada legislatura. La guerra más sonora fue a raíz de la ley del solo sí es sí. La norma, impulsada por Irene Montero, hizo desaparecer la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual, de manera que cualquier acto sexual sin consentimiento pasaba a ser considerado una agresión. Ahora bien, el redactado de la ley comportó más de un millar de rebajas de penas: la entonces ministra de Igualdad lo atribuyó a los jueces “machistas”, pero el PSOE se desmarcó de ella. Y los socialistas acabaron aliándose con el PP para aprobar una reforma de la ley insignia de Podemos. “Es un día triste, el día más difícil que he vivido en el Congreso”, reconoció Montero.
El PSOE y Unidas Podemos se enfrentaron en otras materias. Cuatro ejemplos. Uno de los grandes caballos de batalla fue el gasto militar. En junio de 2022, en una iniciativa no legislativa en el Congreso, Podemos votó en contra de la promesa de Pedro Sánchez de aumentar el presupuesto militar a fin de que llegue al 2% del PIB antes de 2030. Además, los morados también fueron contrarios a enviar más armas a Ucrania. Las dos formaciones también se enfrentaron por un crédito extra de 1.000 millones para Defensa.
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Más choques. La Ley Trans, que finalmente recibió luz verde (con la abstención de Carmen Calvo), también friccionó la relación entre los dos socios. Una vez llegó al Congreso, el PSOE presentó una enmienda al texto impulsado por el Ministerio de Igualdad para que tuviera que ser un juez quien autorizara el cambio de sexo en el registro a menores de entre 12 y 16 años, cosa que, para Podemos, era una vulneración de los derechos de los menores. Y la enmienda se tumbó con los votos en contra de Podemos y el PP. En el capítulo de los dardos, la diputada socialista Andrea Fernández reprochó a los morados que acusaran al PSOE de “pactar con la derecha un retroceso de los derechos de las personas LGTBI” mientras que la ministra Irene Montero reprobó que el PSOE pusiera en riesgo los derechos de los niños trans. La Ley de Familias también generó recelos en el seno de la coalición. La norma, que finalmente no se acabó aprobando, tuvo una gestación complicada. En diciembre de 2022, por ejemplo, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra, expresaban la “preocupación” por los “constantes atrasos por parte del ala socialista”.
Otro enfrentamiento, a más pequeño nivel, fue en torno a la investigación parlamentaria a Juan Carlos I. El PSOE siempre ha blindado la figura del rey emérito, pero Podemos era partidario de impulsar una comisión de investigación para analizar su papel y sus negocios. Los morados lo promovían y los socialistas lo impedían repetidamente haciendo pinza con el PP. Así fue, por ejemplo, en marzo de 2020 y en junio de 2020.