"Ustedes quieren guerra, tendrán guerra". Es una frase que ha pronunciado este jueves en el atril del Congreso de los Diputados la diputada de ERC Pilar Vallugera durante el debate de la nueva ley de eficiencia en la justicia, donde el independentismo ha conseguido blindar la figura de los jueces de paz. La republicana interpelaba directamente al diputado de Junts Josep Pagès, con quien comparte la Comisión de Justicia, para reivindicar el papel de ERC en la negociación de la norma. La disputa en este cara a cara sobre quién saca más frutos negociando con el PSOE se ha producido, precisamente, en un día en el que el foco informativo se dirigía al nuevo paquete fiscal que quieren aprobar a los socialistas. Una de las patas es el acuerdo firmado con los diputados de Míriam Nogueras, que irrita a ERC, Bildu y Podemos. El Gobierno, de hecho, se ha visto obligado por segunda vez a posponer la votación en la Comisión de Hacienda por el riesgo de perderla y por el miedo de tener que salvarse gracias al voto del PP. Nuevamente, la batalla en el eje izquierda-derecha obstaculiza la agenda social y económica de Pedro Sánchez.
La última enemistad manifiesta entre Junts y ERC ha sido por los impuestos que quiere aprobar el Gobierno. El punto de partida ha sido la transposición de una directiva europea que establece un tributo mínimo del 15% a las empresas multinacionales. Ahora bien, la tramitación de este proyecto de ley ha abierto la puerta a impulsar un paquete fiscal con diferentes bloques de nuevas medidas. Los dos principales acuerdos son los que los socialistas han rubricado con Junts y con Sumar. Ahora bien, son alianzas sobre el papel que necesitan el aval de la mayoría del Congreso para salir adelante. Y aquí es donde se han encallado. Por una parte, ERC, Bildu y Podemos no comparten lo que ha acordado al PSOE con los juntaires, ya que deja morir el impuesto a las energéticas. Es una línea roja para los diputados de Míriam Nogueras, que alegan que pone en riesgo inversiones en Catalunya, y es una reivindicación imprescindible para las otras tres formaciones. Pero hay más. Junts vincula su voto afirmativo a la directiva europea al hecho de que las enmiendas acordadas con ellos prosperen, mientras que ERC exige como condición insoslayable para avalar la norma de la UE que estas mismas enmiendas se retiren. Eso hace avistar una confrontación irreconciliable que sitúa al PSOE en el medio, teniendo que seducir a derecha e izquierda. Al mismo tiempo, Junts desaprueba las medidas anunciadas por el PSOE y Sumar: ellos no han participado en el pacto y no avalarán ninguna de las modificaciones. Sin matices.
De hecho, hace días que en los despachos de Junts la consigna es clara y directa: "El acuerdo es el que es. Si cerramos un acuerdo, cumplimos. Si hay cosas que no se nos dijo que estarían, entonces el acuerdo no se está cumpliendo". Y la posición esta mañana era la misma: están comprometidos con lo que ellos han firmado. Por lo tanto, ni hablar de avalar el texto de la directiva europea si no se introducen sus enmiendas. O todo o nada. Eso sí, los juntaires dejan en la Moncloa toda la responsabilidad de conseguir los votos necesarios: "Es su iniciativa, no la nuestra, no lo llevábamos en el programa electoral, no tenemos ninguna necesidad de que haya acuerdo", defienden. "El no acuerdo no nos preocupa en absoluto", añaden.
Ha sido el tema del día y todo el mundo ha querido decir la suya. Fuentes de Bildu recordaban por los pasillos de la cámara baja que los acuerdos de Junts "se aprueban con los votos del resto" y lamentaban que el PSOE hubiera priorizado las conversaciones con Junts en un tema, el de la fiscalidad, donde seguramente habría tenido que ser al revés. La Moncloa contaba con que encontraría complicidad en ERC y Bildu, pero está siendo incapaz de seducirlos.
El PP pone el dedo en la llaga
En medio de la patente debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, el PP ha aprovechado para añadir sal a la herida. Poco antes de que se aplazara la Comisión de Hacienda, los populares han anunciado que darían apoyo "solo a lo que venga impuesto por el marco comunitario". Es decir, siempre que no se introduzcan retoques pactados por el PSOE con otros partidos. Eso salvaría la base de la norma, pero enterraría las pretensiones de los socios de investidura. Más tarde, fuentes del PP se burlaban del hecho de que el Gobierno se haya visto obligado a posponer la votación por el "desacuerdo con los socios" y para evitar un "nuevo descalabro" en el Congreso. Una dirigente del PP comentaba por los pasillos del Congreso que, con esta estrategia, se pone de manifiesto que el PSOE no gobierna, sino que "sobrevive". Desde Génova, consideran que la Moncloa se burla de la cámara baja "convocando y desconvocando a su gusto una comisión parlamentaria". "Es el caos habitual", lamentan. Y hacen una lectura que va más allá: "Si no consigue llegar a un acuerdo con sus socios en el plan fiscal, parece complicado que lo haga para sacar adelante los presupuestos si no es con nuevas cesiones a los independentistas a costa de los ciudadanos".
El Gobierno, enfadado pero esperanzado
Este jueves, ministros de alta jerarquía del Gobierno abandonaban el Congreso de los Diputados visiblemente irritados. Caras de pocos amigos y sin ninguna voluntad de conversar con los periodistas que se preguntaban cómo piensa la Moncloa convencer a sus socios de investidura de aquí al lunes. Las diferencias en el eje derecha-izquierda entre los distintos socios parlamentarios de Pedro Sánchez han vuelto a bloquear su agenda socioeconómica. A pesar de todo, siempre hay esperanza. Uno de los pocos hombres de confianza del presidente español que sí que se dejaba parar por la prensa en los pasillos del Congreso admitía la dificultad para llegar a un pacto. Pero aseguraba que la decisión de suspender la comisión y convocarla de nuevo para el lunes responde al convencimiento de que el acuerdo es posible.
Los distintos socios consultados por este periódico, sin embargo, no piensan igual. No tiran la toalla, pero ven difícil el entendimiento. "Es chutar la pelota adelante y no entiendo qué puede cambiar de hoy a lunes", lamentaba un diputado republicano en el patio del Congreso. En aquel mismo momento, una importante parlamentaria de Podemos se quejaba de la mala estrategia negociadora que había seguido el PSOE en este tema, sin haber intentado llegar primero a acuerdos con los socios que sí que quieren impuestos a la banca y también a las energéticas: "Se han metido en un callejón sin salida". La formación morada reiteraba hace días que "los votos de los grupos de izquierdas valen lo mismo que los de PNV y Junts".
Llegados a este punto, socios de Sánchez como ERC, Bildu y Podemos confirman a ElNacional.cat que el Gobierno les intenta convencer de votar a favor del pacto PSOE-Junts a cambio de otras contraprestaciones. Pero la formación morada, por ejemplo, sitúa el impuesto a las energéticas como una línea roja: "No negociaremos nada más". "En esta legislatura siempre se dan por hechos los votos de las formaciones de izquierda y que solo se tienen que conseguir los votos de Junts", se quejaba el entorno de Ione Belarra este jueves. Fuentes del PNV, por su parte, se quejan de la poca flexibilidad de sus compañeros de bloque de investidura. "Las formaciones de izquierda de este hemiciclo tienen una mirada demasiado corta", lamentaba un destacado parlamentario vasco. "Todo el mundo tiene que ceder", sentenciaba.
Junts arranca al PSOE beneficios para pymes y Sumar, el IVA del 21% para apartamentos turísticos: todo caerá si no hay suficientes apoyos
Los acuerdos fiscales a los que ha llegado el PSOE engloban temas muy diversos. Por una parte, los socialistas y Junts han acordado una serie de medidas, entre las que hay, aparte del mantenimiento del impuesto a la banca, beneficios fiscales a las pymes y microempresas, una rebaja del impuesto de sociedades en función de determinados supuestos, el mantenimiento de prestaciones por incapacidad permanente y una bonificación del 100% de las cotizaciones para los clubs deportivos sin ánimo de lucro.
En paralelo, el lunes, el PSOE y Sumar también llegaron a un pacto que incluía, por ejemplo, un IVA del 21% para los apartamentos turísticos, eliminar el régimen fiscal especial de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi), elevar dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros, crear un nuevo impuesto sobre productos de lujo como jets y yates privados o coches de lujo y eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios. Por su parte, ERC y Bildu presentaron enmiendas por su cuenta en las que apostaban por mantener el impuesto a la banca y a las energéticas.