El Parlament de Catalunya aprobó en mayo del 2023 una ley de medidas extraordinarias para hacer frente a la sequía impulsada por Junts per Catalunya. En aquel contexto de gravedad máxima por la falta de agua, Junts y el PSC formularon una pinza al ejecutivo catalán, entonces presidido por el republicano Pere Aragonès, con el fin de impulsar un paquete de casi 500 millones de euros para una veintena de infraestructuras, junto con subvenciones en ayuntamientos con el fin de hacer obras a la red de agua y evitar escapes. Pues bien, Junts per Catalunya ahora busca fiscalizar el cumplimiento de aquel acuerdo al Govern de la Generalitat.
Las preguntas de los juntaires al Govern
Los juntaires piden explicaciones al ejecutivo catalán sobre el estado de las inversiones a infraestructuras acordadas en el anexo II. Entre ellas, Junts pregunta en qué estado se encuentra la ejecución de la desaladora de la Tordera que tenía que ser financiada por el Estado o el proyecto de licitación y ejecución de la nueva desaladora de Cubelles ITAM Foix. Los juntaires también preguntan por el calendario de actuaciones previsto para ejecutar las inversiones previstas para la ampliación del ETAP Besòs y la construcción de una nueva ERA Besòs y cuál es el estado del proyecto de ampliación del tratamiento con osmosis inversa en los pozos Estrella.
Otra cuestión que pide Junts son las actuaciones que ha llevado a cabo el Govern para garantizar el tratamiento del caudal de aguas subterráneas de Sant Joan Despí y en qué estado se encuentran las actuaciones para el desdoblamiento del tramo 4 de la arteria PTT-EDT 2 que tiene que eliminar los escapes existentes. Junts también pregunta por las actuaciones que se han llevado a cabo para impulsar la adaptación a la capacidad de producción y optimización de la calidad de tratamiento de las plantas de ATL (ETAP Llobregat) en Abrera y (ETAP Ter) en Cardedeu, así como sobre la cañería de Badalona y los nuevos pozos de Sant Joan Despí.
Pero no solo se queda aquí la fiscalización de los juntaires. En otra pregunta parlamentaria, Junts reclama al Govern las razones por las cuales todavía no se han pagado las ayudas por la sequía del año 2023, así como el importe, las personas beneficiarias que todavía no las han cobrado y cuál es el calendario previsto.
El Govern elimina las sanciones en los ayuntamientos que preveía la ley
Uno de los otros elementos que fue motivo de discusión entre los principales grupos políticos era el régimen sancionador en los ayuntamientos que incumplan con las medidas adoptadas para hacer frente a la sequía. El acuerdo final difería la entrada en vigor de las sanciones en un mes después de la entrada en vigor de las ayudas destinadas a los ayuntamientos. Sin embargo, el ejecutivo de Salvador Illa eliminó este elemento en el último Consejo Ejecutivo del año, ya que considera que los municipios y los entes locales están trabajando en medidas de eficiencia a raíz de las ayudas otorgadas por el ACA en este ámbito, con una dotación de 130 millones de euros, beneficiando a más de 705 ayuntamientos.