La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha ordenado entregar las pertenencias del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, cuanto antes mejor a la jueza del Caso Mediador, después de la petición enviada por la magistrada. Este lunes por la tarde ha llegado a la Cámara unaa auto de Ángeles Lozano Cáceres, magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, para pedir el registro de los efectos personales de Tito Berni que todavía se encuentran en su despacho del Congreso. Después de recibir esta petición judicial, Batet ha remitido una orden a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General de la Cámara, pidiendo que se cumpla con esta entrega lo antes posible.
En el auto, que se ha hecho público este lunes, la magistrada insta a Batet a "colaborar" con la justicia a fin de que el Grupo de Delitos Tecnológicos del CNP pueda acceder al despacho de Tito Berni. En concreto, la instructora no pide permiso para que la policía registre este espacio, sino que solicita que la comisaría propia del Congreso entregue la información que se encuentra en los sistemas informáticos. Se trata de una maniobra de la jueza para dar respuesta a la solicitud hecha por el equipo policial que investiga esta presunta trama de corrupción de poder registrar "sin restricciones" el despacho de Fuentes Curbelo y a las objeciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de dar apoyo a examinar estos equipos, el ministerio público pedía hacerlo solicitando permiso al Congreso de los Diputados, porque la Constitución señala que la cámara baja es inviolable.
¿Qué busca a la jueza del caso Mediador?
En su auto, la magistrada relata que ya contactó directamente con la Comisaría Especial del Congreso para pedir información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho de Fuentes Curbelo y que no le pusieron ningún problema para hacerlo. Ahora mismo, la sala está cerrada después de que todavía no se haya asignado a ningún otro diputado. En su interior, según se ha podido saber, se quedó el ordenador de sobremesa propiedad de la Cámara que el exdiputado utilizaba, así como otros efectos personales.
La jueza, en concreto, solicita acceso policial a los "instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actos, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales", según recoge el auto. Asimismo, pide que se le entreguen todos aquellos equipos informáticos con "documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos" y cualquier otro elemento que se encuentre en el despacho y pueda tener relación con los hechos investigados.