El comisario José Manuel Villarejo interceptó para|por el BBVA, el 18 de enero de 2005, una llamada telefónica realizada desde el palacio de la Moncloa a un directivo del Banco Santander, donde fueron grabados el entonces vicepresidenta del gobierno español María Teresa Fernández de la Vega, y el jefe de la Oficina Económica en Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, según ha informado el portal Moncloa.com.

Según la información, que también recoge El Confidencial, el presunto cerebro de la operación Tándem habría conseguido acceder, presuntamente al contenido de parte de las 15.000 conversaciones telefónicas, que llegó a controlar entre noviembre de 2004 y febrero de 2005 por encargo de la segunda entidad financiera de España.

Según recoge Moncloa.com, en las hojas de cálculo en las que ha tenido acceso, hay 65 llamadas en las cuales el origen o el destino estaba identificado como a "Presidencia del Gobierno", "Ministerio de Presidencia" o "Moncloa". Y en 60 de las 65 ocasiones aparece también el teléfono que tenía Sebastían en aquel momento.

El portal expone que Villarejo entregó un informe al BBVA de cuatro páginas con la supuesta transcripción de la conversación.

El documento con las transcripciones estaría guardado con el nombre "Anexo VI: MIKY-CC Control Comunicaciones". 'MIKI', según resalta el digital, fue el alias que le puso el comisario en lo que fue ministra socialista de Industria. En el escrito, Villarejo se vanagloria de que "a pesar de las contramedidas" que había puesto el mismo Sebastián para proteger sus comunicaciones telefónicas, el pinchazo de una llamada realizada desde el número fijo de la Moncloa había sido posible porque "RUPER" tenía el "control afectado".

"RUPER" es el acrónimo de Ignacio Rupérez Calvo, un alto directivo de Banco Santander. Según recopilación el portal, en opinión de Villarejo, era el "enlace" entre "el grupo hostil" y la entidad financiera.

"Hemos tenido acceso a BBV y tenemos una relación con el BBV". Así lo explica también Vozpópuli, que asegura que consta en una grabación aportada por la Fiscalía anticorrupción en la pieza separada 'Iron' que constata que, para elaborar sus informes, el comisario utilizaba datos secretos de forma presuntamente ilegal.