Begoña Gómez rechaza la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada por presunta malversación de fondos públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez, su asesora personal en la Moncloa. Así lo expresa su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, en el escrito que ha presentado para adherirse al recurso de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el auto en el que el magistrado también citaba a declarar como testigo al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. “Las exigencias de un sistema democrático de Justicia Penal requieren que se exteriorice cuál es el objeto de la investigación, pues de otra forma se transmite la idea de que se está investigando todo por si algo de esa investigación universal pudiera ser constitutivo de infracción penal”, denuncia Begoña Gómez, según relata Europa Press. “La lectura del auto no nos permite saber qué hechos van a ser objeto de la pieza separada que se abre y, por lo tanto, cuál va a ser el objeto de la investigación que comienza”, añade el escrito.
“La resolución carece de cualquier relato aún muy somero de qué hechos son los que indiciariamente constituyen el objeto a investigar”, denuncia Antonio Camacho. “No podemos saber ni los hechos que se consideran constitutivos de la citada malversación, ni un apunte, siquiera somero, sobre por qué esos hechos pudieran ser constitutivos de delito”, esgrime. El abogado de Begoña Gómez subraya que, “dada la inexistencia de cualquier relato acerca de qué hechos se van a investigar y sobre la base de qué indicios se considera que pudieran ser contrarios al ordenamiento jurídico”, el juez “impide” el control jurisdiccional. En esta línea, recuerda que la “exigencia de la motivación” de las decisiones de los jueces de instrucción pretende “permitir el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos, exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, favoreciendo la comprensión sobre la justicia y corrección de la decisión judicial adoptada, y operar, en último término, como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad”.
Cristina Álvarez es la asesora de la Moncloa que ejerce de secretaria personal de Begoña Gómez y que hizo gestiones en favor de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. La contrataron en 2018 para asistir a la mujer del presidente del Gobierno, para gestionar su agenda pública y privada y para llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Actualmente, está investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción a los negocios. Hace un mes, el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, que declaró como testigo, aseguró que fue él quien propuso el nombramiento de la asesora, pero precisó que él se limitó a elevar la propuesta. Y señaló que Félix Bolaños, que fue el secretario general de Presidencia entre julio de 2018 y julio de 2021, era su superior.
La Fiscalía denunció una “constante oscuridad” que es “impropia” de un proceso penal “acorde a los principios constitucionales”
Por su parte, la Fiscalía esgrimió que, para abrir una nueva pieza y ordenar nuevas diligencias, se requiere “conocer mínimamente los hechos que se van a investigar” para poder fijar el objeto de la instrucción y advertir la utilidad, pertinencia y necesidad de las diligencias, según informó Europa Press. Sin embargo, lamentó que en este caso no puede valorar la “utilidad, necesidad y pertinencia” de la eventual declaración de Félix Bolaños como testigo porque el juez “nada ha exteriorizado ni justificado” sobre esta decisión, aunque sea “superficialmente o mínimamente”.
“No deja de ser chocante el hecho de acordar la testifical de un ministro en estas condiciones. ¿Debemos suponer que se refiere a hechos acaecidos en el periodo en el que ostentó el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno? ¿A qué hechos ajenos a su cargo se refiere la resolución?”, se preguntó. Además, el fiscal denunció que la “constante oscuridad” del juez Peinado es “impropia de un proceso penal acorde a los principios constitucionales” y reprobó que citar a Bolaños como testigo es una diligencia de “marcado carácter mediático” y con “clara repercusión extraprocesal”. “No decimos que no lo pueda ser, sino que con el marco fáctico y con una total ausencia de argumentación jurídica, la diligencia en cuestión no nos resulta comprensible”, remachó.
El abogado de Cristina Álvarez recurrió la pieza separada ante la Audiencia Provincial de Madrid
Finalmente, la defensa de Cristina Álvarez interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura de la pieza separada. “No existen indicios de irregularidad ninguna en el nombramiento de mi patrocinada. Su nombramiento se ajustó a la más estricta legalidad, y sus emolumentos son los propios de sus funciones”, sostuvo el abogado José María de Pablo, que argumentó que “no es muy difícil de entender que la esposa de un presidente del Gobierno, aunque no tenga la condición de autoridad, precisa de una asistencia específica, especialmente por motivos de agenda, protocolo y seguridad”.
Además, calificó de “penalmente intrascendente” el hecho de que en “alguna ocasión contada, como favor personal”, enviara algún correo relacionado con la actividad profesional de Begoña Gómez y subrayó que “no existe ningún indicio serio de delito de malversación” en su nombramiento. “La posibilidad de abrir piezas separadas no puede utilizarse como estrategia para eludir las normas sobre conexidad y retener así investigaciones mediáticas con vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley”, concluyó.