Begoña Gómez se añade a la ofensiva de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado. La mujer del presidente del Gobierno sigue el mismo camino que la Abogacía del Estado y se ha querellado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el magistrado que la está investigando. El martes Sánchez se querelló contra Peinado por prevaricación ante el “atropello” a sus derechos y ahora Gómez se querella por prevaricación y revelación de secretos, acusando el juez Peinado de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. La defensa de Gómez alega que las actuaciones procesales declaradas secretas se revelaron a Vox, al Movimiento de Regeneración Política de España y a Manos Limpias, cosa que dio lugar que fueran publicadas por diferentes medios de comunicación. “Se ha producido una filtración constante de los documentos y actuaciones del proceso judicial, que, si no secretas, son reservadas, y la difusión se ha realizado en grave perjuicio del derecho de defensa e indefensión de la nuestra representada”, lamenta la querella.
El documento, de 53 páginas, señala que, a lo largo del proceso, el juez Peinado ha adoptado “decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas” a través de “resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal”, cosa que podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación. De esta forma, “el magistrado ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias, sin pie de recurso delante de las mismas en considerables ocasiones”. La defensa de Gómez cataloga la instrucción de Peinado de “perversa, prospectiva, inusual y errática” y considera que es una “causa general” contra Gómez.
“Pretende investigar toda la vida de mi representada para intentar determinar si en su conducta ha cometido algún delito, cosa que está expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, se han dictado resoluciones manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal, conculcando las normas procesales y causando grave perjuicio en mi representada en el proceso, con evidente impacto en todos los ámbitos de su vida, a causa de la importantísima repercusión mediática del proceso que está instruyendo”, argumenta la querella. Y concluye: “Si bien en este momento no podemos determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada buscar un impacto político y social, o si solo obedecen a un desmesurado afán de protagonismo mediático, la verdad es que hay indicios evidentes que son adoptadas de forma arbitraria e injusta”.
Revelación de actuaciones procesales declaradas secretas
Asimismo, la querella señala todas las actuaciones procesales que se han revelado durante el proceso y cuestiona la instrucción del juez Peinado. Empezando por el auto de incoación de diligencias, que la defensa de Gómez tilda de “singular e inusual”, dado que “carecía de sentido la declaración de una causa penal como secreta, ya que no se daban los supuestos legales previstos para hacerlo”. El problema, esgrime la defensa, es que, aunque era secreta, la causa fue de “conocimiento general para toda la ciudadanía” a partir del 24 de abril, cosa que comportó que Begoña Gómez se enterara de los “avatares de su proceso por los medios de comunicación mientras a ella se la privaba de cualquier acceso”. “Aunque es la causa secreta, era transmitida en directo por los medios de comunicación”, lamenta la querella.
La defensa de Gómez denuncia que, mientras Peinado sí que trasladaba a las acusaciones populares “unas declaraciones y documentos de una causa todavía secreta”, en providencias del 17 y el 23 de mayo, “en ningún momento se trasladó esta documentación a la defensa de Begoña Gómez, que era la única investigada en el procedimiento”. “Entendemos que el magistrado ha cometido un delito de revelación de una causa secreta dando acceso a quien no debía”, concluyen.
El “claro objetivo” de “erosionar o deteriorar” la figura de Pedro Sánchez
Además, el abogado de Begoña Gómez considera que la revelación de los elementos de la causa ha causado un “evidente daño a todo lo que la rodea”, especialmente a Pedro Sánchez, que “desde el inicio de la filtración de la causa secreta se ha visto sometido a la presión mediática y política en relación con todo ello”. También señala que el auto en el que Peinado afirmaba que está investigado “todos los actos, conductas y comportamientos” que ha llevado a cabo Begoña Gómez desde que “su esposo es el presidente del Gobierno” pone en evidencia un “elemento intencionado de enfocar la investigación” hacia Sánchez, el presidente del Gobierno, con una “absoluta falta de imparcialidad”.
En relación con la citación de Sánchez como testigo, considera que es el “colofón” de una actuación “inusualmente activa y ágil” y denuncia que ha tenido un “impacto mediático y social importantísimo” con el “claro objetivo” de “erosionar o deteriorar” la figura del presidente español. Y remacha su crítica apuntando que “la causalidad, tónica habitual en este procedimiento”, hizo que la decisión coincidiera con “hitos políticos”. “Conocíamos la noticia de la citación por la prensa el 22 de julio por la mañana, mientras a la vez se reunía la Junta Directiva del Partido Popular, en una perfecta coordinación”, relata. Ese día, Feijóo instó a Sánchez a “redactar la tercera y definitiva carta”.
“Decisiones innecesarias, inútiles e impertinentes”
La querella da un exhaustivo repaso de las decisiones del juez Peinado que han llevado a Begoña Gómez a acusarlo de prevaricación. Uno de los capítulos está dedicado a las “decisiones arbitrarias e injustas sobre diligencias por su carácter absolutamente innecesario, inútil, impertinente y faltas de sustento legal”. El escrito denuncia una serie de decisiones judiciales “estrambóticas”, “rocambolescas” y que “podrían ser calificadas de ocurrencias, si no fuera por las consecuencias perniciosas” que han generado en la investigación y Begoña Gómez, “sometiéndola a una amplificación de lo que se llama «pena de banquillo», viéndose expuesta de manera gratuita a especulaciones a su alrededor y a todo su entorno faltas de ningún fundamento”.
En concreto, la querella menciona tres providencias. En primer lugar, la defensa de Gómez considera que pedir una copia del DNI de Gómez era una decisión “esperpéntica” que respondía a una “cruzada personal” del magistrado contra ella. En segundo lugar, sostiene que la solicitud de un informe sobre las visitas de la Fiscalía al Juzgado para interesarse por la causa “carece de todo apoyo legal, que no se alega, ni fundamenta” y acusa a Peinado de erigirse, de forma “irregular”, en “fiscalizador de otro órgano del proceso judicial”. Finalmente, lamentaba el carácter “arbitrario e injustificado” de la citación de la jefe del Servicio de Seguridad del Complejo Presidencial del Palacio de la Moncloa.