Begoña Gómez cambia de estrategia. Hace ocho meses que está investigada por Juan Carlos Peinado y hoy estaba citada a declarar por tercera vez en los Juzgados de Plaza Castilla. En los dos precedentes de juliol, se había negado a declarar, pero ahora ha optado por contestar las preguntas de su abogado, el exministro Antonio Camacho. Esta vez ha comparecido en el marco de la segunda rama de la causa, relativa a los delitos de apropiación indebida e intrusismo por supuestamente haberse quedado un software de la Universidad Complutense. En julio, Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar sobre la investigación por conflicto de intereses y corrupción a los negocios. A la salida, Antonio Camacho ha asegurado que la mujer del presidente español “no tiene nada que esconder” y ha rebatido todas las acusaciones: “No intervino en ningún proceso de licitación y no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca”, ha afirmado frente a los periodistas. Asimismo, el abogado ha defendido que ella recibió dos correos electrónicos en los que la Complutense “le instaba a firmar” la licitación del software “de acuerdo con la normativa de la universidad”, ha sostenido que cobraba 15.000 euros, cosa que demuestra que “no pretendía lucrarse”, y ha relatado que Begoña Gómez registró el software a “efectos de utilizar la marca”, que “nunca fue utilizada fuera del ámbito de la universidad”.
En esta ocasión, el guion ha sido lo mismo: Begoña Gómez ha llegado a los juzgados por el garaje para “prevenir incidentes que pongan en riesgo su integridad física” en medio del “ambiente hostil y de rechazo social evidente” que la rodea, según argumentó la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. La jueza decana de Madrid accedió a su petición. Por cierto, una treintena de personas se han concentrado a las puertas de los juzgados para protestar contra Begoña Gómez y el Gobierno y la Hazte Oír ha repartido bolsas de chorizos con el nombre «Charcutería Ferraz» entre los periodistas que cubrían la declaración.
Fue en octubre cuando el juez Juan Carlos Peinado amplió la investigación contra Begoña Gómez a raíz de una querella de Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Complutense y por supuesto intrusismo en la redacción y elaboración de los pliegues de prescripciones técnicas para contratar el servicio de asistencia y asesoría técnica para crear este software. La asociación ultra sostenía que la mujer del presidente del Gobierno no es autoridad ni funcionario ni tiene calificación requerida para poder hacer el redactado de esta licitación. Asimismo, el magistrado consideraba que Hazte Oír aportó documentos “de donde se podría inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, habría inscrito a su favor la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la Cátedra Transformación Social Competitiva que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid”. Juan Carlos Peinado tomó esta decisión después de que la Audiencia de Madrid avalara que él mismo podía investigar esta cuestión por la “connexidad” entre la querella de Hazte Oír por el software y su investigación original a raíz de la denuncia de Manos Limpias.
Hace unas semanas, Begoña Gómez aportó al juzgado unos correos electrónicos que evidenciaban que la asesora de la Moncloa también participó en gestiones de la Complutense mientras ella codirigía uno de sus másters. Uno de los correos fue enviado el 24 de abril de 2023 por María José Sánchez Rosales (de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Complutense) en el que aseguraba que el pliegue de prescripciones técnicas “tiene que firmarlo Begoña”. Eso servía a la defensa de la mujer de Pedro Sánchez para defender que los correos ponían de manifiesto que Begoña Gómez firmó el pliegue de prescripciones técnicas “porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente” y sostener que fueron dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación los que le señalaron como tenía que registrar el dominio de internet.
En julio se negó a declarar: “No tiene nada que esconder”, pero guarda silencio ante la ausencia de “garantías” procesales
En su primera declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, el 19 de julio, compareció por la denuncia en la que Manos Limpias sostenía que Begoña Gómez, “prevaleciéndose de su estatus personal” como esposa del presidente del Gobierno, “habría recomendado o avalado” a “empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”. Y se negó a contestar las preguntas. Su abogado, el exministro Antonio Camacho, relató que Begoña Gómez no tenía “nada que esconder”, pero le recomendó hacer un acto de silencio al detectar ausencia de “garantías” procesales. A la salida, ante los periodistas, el letrado acusó a Peinado de “extender cada vez más” la investigación. “El procedimiento ya se ha quedado sin contenido”, lamentó.
La cita fue dos semanas después de la primera fecha. Begoña Gómez acudió a los juzgados el 5 de julio, pero el magistrado suspendió la declaración después de que ella argumentara que no conocía la causa por la que se la investigaba a causa de un error de forma: el juez le había notificado de la acusación de Manos Limpias, pero no la de Hazte Oír. “Quería colaborar con la justicia y venía dispuesta a declarar, pero cualquier persona investigada tiene una serie de derechos, y uno de ellos es tener conocimiento de los hechos investigados”, esgrimió Antonio Camacho.
Evitó responder en la comisión de la Asamblea de Madrid: “La verdad pondrá las cosas en su sitio”
Y de la misma manera actuó el 13 de noviembre en su comparecencia a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid impulsada por Isabel Díaz Ayuso que está estudiando un supuesto trato de favor en la Universidad Complutense. Nada más empezar, Begoña Gómez tomó la palabra para defenderse: reivindicó su vida profesional “arada con mucho esfuerzo y dedicación” y denunció que la causa judicial contra ella tiene un “objetivo político evidente”. “Me acogeré a mi derecho a no responder a sus preguntas después de cumplir con mi obligación de comparecer a esta comisión”, anunció. “Más temprano que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio”, sostuvo.