El Tribunal de primera instancia de Bruselas decidirá este viernes, 7 de agosto, sobre la entrega a España del conseller Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta malversación de caudales públicos en la causa del 'procés' independentista, en el que será el primer veredicto de la Justicia belga sobre los políticos catalanes exiliados en octubre de 2017.

La decisión del juez de la Cámara del Consejo será comunicada a las partes a media mañana, aunque de manera telemática debido a las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus. El veredicto podrá ser recurrido primero ante el Tribunal de Apelación y, en última instancia, ante la Corte de Casación.

De hecho, la defensa de Puig da por seguro que la de este viernes no será la decisión definitiva y el caso llegará a Apelación "sí o sí": "Si ganamos, recurrirá el fiscal y si perdemos, recurriremos nosotros", ha explicado a Europa Press uno de los abogados del conseller.

Euroorden reactivada

La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puig fue reactivada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena junto con la del president Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín, tras la sentencia que condenó a doce líderes independentistas por su participación en el 'procés'.

En los tres casos, la Fiscalía de Bruselas apoya las peticiones cursadas por el Supremo y, aunque los políticos catalanes pidieron que sus casos fueran acumulados en un mismo proceso, la Justicia belga solo aceptó coordinar los calendarios. El caso de Puig tiene tiempos diferentes a los asuntos de Puigdemont y Comín debido a la inmunidad de la que gozan los dos últimos tras haber sido elegidos eurodiputados.

La última audiencia sobre la extradición de Puig ante el tribunal belga de primera instancia tuvo lugar el pasado 23 de junio y entonces su defensa pidió al juez que rechazara la entrega del exconseller a las autoridades españolas.

El abogado belga Christophe Marchand explicó entonces que el juez del Supremo Pablo Llarena "ya no es competente" para cursar una euroorden contra Puig. La defensa se apoya en un grupo de trabajo de Naciones Unidas para sostener que por cuestiones "territoriales" la jurisdicción que se debe aplicar a un delito de malversación es la de los tribunales "catalanes", y que, por tanto, que sean "los de Madrid", en alusión al Supremo, supone una "violación de derechos fundamentales".

Los abogados de Puig también plantearon al juez belga la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si alberga dudas sobre las competencias de Llarena en la petición de extradición.