Se mantiene viva la cascada. Los beneficiados de rebajas de sus penas por agresión sexual a causa de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' ya sobrepasan el medio millar, desde este jueves. Concretamente, son ya 507 las personas que se han beneficiado de la ley estrella del Ministerio de Igualdad para reducir sus condenas. De estos, 42 ya han podido, incluso, salir en libertad. La cifra se ha actualizado después de que se hayan notificado este jueves 44 nuevas rebajas en Castilla y León, Galicia y Madrid.

Para contextualizar el ritmo con el que se rebajan las penas a agresores sexuales, hay que tener en cuenta que la semana pasada la cifra llegaba a unos 400 beneficiados. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado solicitar a los Tribunales Superiores de Justicia y a las audiencias provinciales las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de la denominada formalmente Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Hoy por hoy consta que se han revisado al menos 112 penas en Andalucía, 73 en Madrid, 55 en el País Valencià, 53 en el País Vasco, 45 en Galicia, 39 en Baleares, 32 en Castilla y León, 20 en Castilla-La Mancha, 16 en Asturias, 14 en Canarias, 13 en Catalunya, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 4 en Navarra, 2 en Murcia, 2 en La Rioja y 2 en Aragón.

Se ha llegado a la cifra del medio millar la misma semana que el PSOE no ha podido más y ha registrado en el Congreso de los Diputados en solitario una proposición para reformar la ley. Se trata de una iniciativa que ha originado un nuevo alboroto en el Consejo de Ministros, porque el Ministerio de Igualdad no quiere modificar la ley. Ante la insistencia del PSOE de modificar el texto, el Ministerio de Irene Montero ha accedido a retocarlo, pero no de la manera que pretenden los socialistas: incluyendo la violencia y la intimidación.

Ahora mismo, el gran punto de discrepancia entre ambas partes radica en el lugar donde se coloca la violencia y la intimidación en el Código Penal. Como la obsesión de Podemos y del Ministerio de Igualdad es que el consentimiento se mantenga bien intacto en el corazón de la ley, piden que la violencia y la intimidación se coloquen en la reforma como agravantes de una agresión sexual. El PSOE no lo ve de la misma manera; y es por eso que en la proposición que ha registrado en el Congreso lo ha planteado como un subtipo dentro del Código Penal. Es decir, que sea en él mismo una forma de agredir sexualmente.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido varias veces en los últimos días en que la propuesta de Igualdad de situar la violencia y la intimidación como agravantes dispara las penas. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado esta semana que eso no es así; y que las penas se dispararían si se cogiera como base el texto que ya han presentado los socialistas.