El abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, ha aprovechado su último turno de palabra en el juicio al procés para deshacer la argumentación de la fiscalía sobre la rebelión. En este sentido, ha defendido que no se puede acusar al anterior Govern de este delito porque el "supuesto alzamiento" fue "sofocado" con el 155 y porque su actitud no era "capaz" de acabar con el Estado. "El 23-F fue una rebelión, el resto son exageraciones e intentos de encajar lo que no es en un delito", ha defendido, refutando la comparación que hizo la fiscalía entre el golpe de estado de Tejero de 1981 y los hechos de 2017. "No se puede confundir celebrar un referéndum con hacer un golpe violento", ha defendido en este punto.

En este sentido, Bergés ha recordado que para que unos hechos puedan ser tipificados de rebelión es necesario que haya un alzamiento "puntual" con la violencia como elemento protagonista. El letrado ha argumentado, para refutarlo, que el supuesto "alzamiento" se pudo sofocar con la aplicación de la misma Constitución ―por lo que ha negado que se liquidara la carta Magna― y que, si la violencia fuera la que afirma la fiscalía, se tendría que haber decretado el estado de sitio y desplazar el ejército a Catalunya.

El 1-O "no supuso un peligro grave del orden constitucional"

Además, para desvincular el Govern de la violencia, ha sostenido que no era "previsible" lo que pasó el 1-O y que al Estado le bastaba con no usar la fuerza y no reconocer el resultado del referéndum, como hizo el 9-N. Bergés ha afirmado que el 1-O no supuso un "peligro grave" para el funcionamiento del orden constitucional y que sólo fue un "proceso político". 

"No se llamó a nadie a tomar las armas, ni a que fuera violento, ni a atacar a la policía", ha defendido en este sentido, en una exposición que ha durado una hora y en la que ha criticado que se hayan "sobredimensionado" los hechos por parte de la fiscalía y la Abogacía del Estado. "La convocatoria de referéndum, único hecho imputable, no implicaba violencia. Se quería llegar a la independencia de manera dialogada y pacífica", ha añadido. Además, ha defendido que la votación del 1-O "no supuso un peligro grave para el orden público" y que era un "proceso judicial, no un acto concluyente".

Negación también de la sedición y la malversación

Por todo ello, ha defendido que los hechos no tienen nada que ver con la "rebelión" ni tampoco con la "sedición", ya que ha defendido que la resistencia fue "pasiva" tan sólo para "retrasar la diligencia" de los agentes el 1-O. Además, ha lamentado que la fiscalía hable de "barricadas" cuando se trataba de "tres o cuatro mesas escolares mal puestas que se retiran en segundos", lo que considera "medios insuficientes" para evitar la práctica de la diligencia, que, por otra parte, ha explicado que se pudieron llevar a cabo en todos los colegios en los que los cuerpos de seguridad se personaron.

Con respecto a la malversación, el letrado también ha negado que se pueda acusar a su cliente de este delito, ya que ha afirmado que no autorizó ningún gasto ni firmó contratos de obras, que los espacios usados durante el referéndum no se podían alquilar ―y sólo suponían un 1% del total usado― y que, sobre el 3-O, el Govern no podía no decretar los servicios mínimos.

Poca presencia de Bassa durante el juicio

Finalmente, el letrado ha remarcado que durante todo el juicio, el nombre de Bassa ha sido citado "4 o 5 veces", y ha puesto de relieve que tampoco participó en las reuniones con los Mossos ni a las demás convocadas por el expresident Carles Puigdemont sobre este asunto, y que tampoco aparecía en la agenda Moleskine. Por todo eso, ha finalizado el informe final de defensa pidiendo la absolución de su cliente. "Bassa no lleva a cabo ninguna conducta que ponga en jaque el sistema, ni llama a impedir la práctica de la diligencia ni compromete el patrimonio público. Nada de eso pasó", ha sentenciado.