El TJSC ha condenado al conseller Bernat Solé por desobediencia por el 1-O cuando era alcalde de Agramunt.
El tribunal lo condena a una multa de 16.800 euros e inhabilitación especial por el ejercicio de cargos públicos electos y de funciones de gobierno o administración, ya sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional por tiempo de un año, así como al abono de las costas del proceso.
La noticia no ha cogido desprevenido al conseller. Era "previsible" dicen a ElNacional.cat fuentes del departament, que prevén un recurso, ya, al Tribunal Supremo.
El juez ve probado que "siendo alcalde de Agramunt y también diputado en el Parlament, tuvo conocimiento personal y directo de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto de la producción legislativa del Parlament de Catalunya sobre el 1-O y, por lo tanto, de la advertencia de incurrir en delito de desobediencia si no se abstenía de implementarla.
Según la sentencia, "el acusado conoció, mediante la notificación personal de que fue objeto —también mediante la publicación en el BOE—, lo que el TC le ordenaba y le prohibía hacer en relación con la votación del 1 de octubre de 2017 en el término municipal de Agramunt. También conocía el efecto vinculante de este requerimiento y las eventuales consecuencias penales derivadas de su incumplimiento".
Recoge la sentencia judicial que "no sólo permitió que el día 25 de septiembre de 2017 se utilizara, por una entidad denominada Esquerres per la Independència, el local propiedad del municipio de Agramunt situado en el nº. 75 de la plaza del Mercadal, destinado al Casal Agramuntí y gestionado por el mismo Ayuntamiento, para la celebración de un acto público o conferencia destinada a promover la participación ciudadana en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sino que se prestó a participar como orador, con dos personas más, en su calidad de alcalde de esta localidad, además de la de diputado del Parlament de Catalunya, aprovechando la ocasión para animar públicamente a los oyentes a ir a votar el día 1 octubre de 2017".
Y añade, entre otros extremos, que "el mismo día del referéndum ilegal tuvo una participación activa y decidida en su desarrollo y buena finalidad, personándose desde el primer momento en el centro de votación y asumiendo de forma intermitente durante toda la jornada responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores, como ahora procurar puntualmente las noticias autorizadas que le llegaban a él desde otros ayuntamientos vecinos sobre la actuación en la comarca de Urgell de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dirigida al cumplimiento de la orden de la autoridad judicial de impedir la votación prohibida por el TC, y colaborando decisivamente en la toma de decisiones capitales, como la de esconder en un lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación (actas) o, finalmente, la de avanzar la hora de cierre de la votación ante la posibilidad que se personaran en la localidad las mencionadas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para cumplir el mandato judicial de impedirla".