Fin de la tregua navideña si es que alguna vez la hubo. Hace una semana, los catalanes humillaron en las urnas al gobierno de Mariano Rajoy y los partidos del 155 al renovar en las urnas la mayoría absoluta independentista. Un escenario políticamente terrorífico al cual el Gobierno español y sus socios han respondido en las últimas horas renovando la presión sobre los independentistas en los frentes judicial, político -con el punto de mira puesto en la incierta investidura del presidente o presidenta- y financiero.

Las elecciones del 21-D, convocadas por el presidente del Gobierno español para "resolver" la cuestión catalana, han supuesto que el PP fuera relegado a un papel testimonial, con su peor resultado de la historia, 4 diputados en un Parlamento de 135; que Ciutadans, a pesar de ser primera fuerza en votos y diputados, no pueda forjar un gobierno alternativo y que el PSC sólo consiguiera ganar un escaño.

Un fiasco en toda regla que, lejos de motivar una reflexión en las más altas instancias del unionismo ha servido para dar una vuelta de tuerca más en la represión del independentismo. Lo cual constituye todo un aviso especialmente al presidente Carles Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de consellers y líderes sociales encarcelados o en el exilio bruselense sobre su porvenir procesal inmediato.

Si la nochebuena era el rey Felipe VI  quien en su tradicional mensaje hacía oídos sordos a la petición de Puigdemont para que rectificara su durísima posición sobre Catalunya, todos los aparatos del Estado parecen haberse alineado de nuevo en las últimas horas para mantener a raya el independentismo relegitimado en las urnas.

De entrada, la justicia española ha reanudado las detenciones de políticos. En este caso, los dos concejales de la CUP de Reus, Marta Llorens y Oriol Ciurana, detenidos por los Mossos por haberse negado a comparecer en relación con el referéndum del 1-O. 

Artadi i Rovira

En paralelo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ampliaba el foco sobre posibles nuevas acciones judiciales ni más ni menos que contra las diputadas electas de Junts per Catalunya y de ERC, Elsa Artadi y Marta Rovira, las "mujeres fuertes" de Puigdemont y Junqueras. El motivo: su intervención en el proceso de elaboración de las respectivas candidaturas para el 21-D. Tanto Artadi como Rovira están entre las alternativas de sus partidos para la investidura si la situación procesal impide alcanzarla a sus líderes, Puigdemont y Junqueras.

El unionismo intenta curarse las heridas construyendo Catalunyas imaginarias en la red pero ni siquiera no claro está que Inés Arrimadas pudiera ser elegida presidenta de Tabàrnia. A pesar de todo, el presidente de la patronal catalana, Joquim Gay de Montellà, ha animado a la lideresa naranja a dar el paso, jugársela y provar suerte. Pero una cosa son los deseos y la otra la aritmética parlamentaria: Cs, el PSC y el PP suman sólo 57 diputados, 11 por debajo de los necesarios para forjar una mayoría alternativa. Quizás por ello, el gobierno del PP y los partidos del 155 han decidido seguir jugando sus cartas más abrasivas, las de la represión, en un escenario de tierra (re)quemada.

El frente económico

En el frente económico, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se avanzó a la aplicación del 155 con la intervención de las finanzas de la Generalitat, ha ampliado las medidas de control sobre las arcas públicas catalanas que él mismo administra. De hecho, la decisión se tomó el mismo día de las elecciones.

Y siguiendo la línea trazada en relación con los responsables de la consulta del 9-N del 2014, entre los cuales el expresidente Artur Mas, a quien se ha embargado una parte de sus bienes, el Tribunal de Cuentas vuelve a la carga para investigar ahora los números de la diplomacia exterior catalana, las "embajadas" del Diplocat. Una decisión impulsada por el bloque del 155, el PP, el PSOE y Cs.

La bala del 155

En este marco, el levantamiento de las medidas del artículo 155 en las próximas semanas parece una entelequia. Por lo que pueda suceder, la Diputación Permanente del Parlament, que se volvió a reunir ayer después del paréntesis electoral, aprobó recurrir al Tribunal Constitucional las medidas de suspensión de la autonomía aprobadas en el Senado después de la proclamación de la República catalana. El recurso lo sacaron adelante JxSí y los comunes de CSQEP. La CUP se abstuvo, porque no piensa reconocer los tribunales españoles. Los primeros contactos entre Junts x Cat y ERC para pactar la nueva Mesa de la Cámara fueron eso, meros contactos informales.

Gráficamente, el portavoz del PSOE José Luis Ábalos aclaró desde Madrid que los socialistas son partidarios de no alargar el 155, la suspensión de la autonomía. Pero, no obstante, advirtió que el 155 "no tiene sólo una sola bala". Es decir, que, una vez rotos todos los tabúes sobre su aplicación, nada impide volver a usarlo. O prorrogar el castigo. De hecho, Rajoy situó el levantamiento en la formación de un nuevo gobierno en Catalunya, una pantalla que en esta hora parece tan lejana como los bosques de Bruselas y el páramo de Estremera.