Después de una semana de rumores, amenazas y reuniones en conclave, los ocho vocales críticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están dispuestos a impedir que el pleno de este jueves escoja a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que tienen el mandato caducado desde junio. Reclaman tiempo y consenso para acordarlos con el bloque progresista, que se afana por buscar una salida a la situación antes del 13 de septiembre.
La intención del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, era que la reunión – prevista para las 10 de la mañana, pero que ha empezado con retraso - sirviera para nombrar a los sustitutos de Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, pero el sector crítico se habría cerrado en banda y lo habrían convencido, tal como informan El País i El Periódico. Según apuntan, Lesmes habría aceptado que, en el pleno de este jueves, solo se pacte el procedimiento para la elección, pero sin entrar en el terreno de las votaciones, que se dejarían para más adelante.
El incumplimiento de la ley
Y nada hace pensar que se acuerde antes del martes de la semana que viene, el 13 de septiembre, que es cuando expira el plazo para elegir a los dos candidatos, tal como marca la reforma expres de la ley orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, el bloqueo conservador haría incumplir la norma aprobada este verano por el poder legislativo, que irritó la derecha española afirmando que era "una contrarreforma" que perseguía "una ocupación del Constitucional" y "una merma de la independencia judicial".
¿Veto al gobierno Sánchez?
El sector crítico tiene capacidad de veto porque, para la votación, hacen falta 12 votos de los 19 vocales del CGPJ y si los 8 conservadores se ponen de acuerdo pueden obstruir la elección. Y puede ir de un voto. Este órdago se interpreta como un desafío al gobierno central, que tiene previsto escoger a los dos magistrados que le corresponden tan pronto como lo haya hecho el CGPJ. La elección de los 4 magistrados nuevos del TC haría decantar la balanza de la mayoría conservadora actual a la progresista y eso preocupa a la derecha judicial.
En el horizonte, el tribunal de garantías tiene un trabajo ingente para dirimir recursos a leyes que llevan en el cajón meses y años y que se han postergado por la situación anómala. Por ejemplo, los 12 magistrados del TC tienen que decidir sobre leyes icónicas del Gobierno de coalición como la nueva ley de educación, denominada ley Celáa que el PP y VOX recurrieron. También se tienen que resolver otras normas como la ley de la eutanasia aprobada esta legislatura, la del aborto – que fecha del 2010, del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El Constitucional también se tiene que pronunciar sobre la reforma exprés de la norma del Poder Judicial que impide el CGPJ hacer nombramientos mientras tiene el mandato caducado.
Los días previos al pleno de este jueves iban cargados de incertidumbre y tensión. Ante la situación de bloqueo generalizado a la justicia, Carlos Lesmes ha tirado este miércoles un ultimátum al presidente español, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que busquen "una solución definitiva" al callejón sin salida. En un discurso muy duro, Lesmes también ha desconfiado de la desjudicialización del procés independentista afirmando que "existe riesgo de fuga de la ley".