El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha remarcado que la sentencia del TSJC que obliga a las escuelas a hacer el 25% de asignaturas en castellano se tiene que cumplir. "Las sentencias no se discuten, se cumplen", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero. Sobre el decreto aprobado por el Govern ha apuntado que será el tribunal quien decida si se da ejecución a la sentencia. Con respecto a la ley pactada por PSC, ERC, Junts y comuns, Bolaños ha asegurado que se trata de un "paso adelante". "Por primera vez en la historia se habla del castellano en el sistema educativo catalán, como lengua de enseñanza y vehicular", ha asegurado. Bolaños también ha criticado que se estén utilizando las lenguas para crear "enfrentamientos".
En la misma línea, el titular de la Presidencia ha defendido que no hay ninguna duda que el castellano es una lengua vehicular en todos los territorios de España y que en Catalunya se garantiza que los alumnos "salgan hablando catalán y castellano". Preguntado por si el decreto del Govern de Aragonès deja sin efecto la resolución judicial que impone un 25% de castellano, ha afirmado que hay que dar apoyo a todas las lenguas y ha incidido que las "sentencias hace falta cumplirlas". "Es una cuestión que el propio TSJ de Catalunya tendrá que decidir", ha resuelto, después de recalcar que el decreto aprobado por el Govern no cuenta con el apoyo del PSC.
La advertencia de Iceta
Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha afirmado que en España hay separación de poderes y que las instituciones y ciudadanos tienen que cumplir las sentencias, como sucede en el caso de Catalunya. "Cuando el poder judicial emite una sentencia todas las instituciones y ciudadanos tenemos que aplicarla", ha destacado Iceta después de que la Generalitat haya pedido al TSJC que declare la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia del TSJC.
Antes de participar en el V Foro Cultura y Ruralidades en la localidad asturiana de Navia, el ministro ha afirmado que las sentencias tienen que cumplirse ya que España es una democracia y un Estado de Derecho con separación de poderes, donde el poder legislativo hace las leyes y el judicial vela por su cumplimiento.
Este martes por la tarde, el Govern alegó la "imposibilidad legal" de aplicar el 25% de castellano en la escuela. Concretamente, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare imposible cumplir la sentencia porque el decreto del catalán aprobado el lunes supone un nuevo marco legal que impide su ejecución. El gabinete jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito delante del TSJC en el cual se defiende que la manera para asegurar la mayor efectividad de la sentencia es "que se aprueben los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos".