Según el Gobierno, uno de los puntos más importantes del acuerdo al que ayer llegaron con Junts per Catalunya es una concesión gratuita. Un pacto con el que nada cambia: los jueces podrán seguir paralizando la aplicación de la amnistía presentando cuestiones prejudiciales al TJUE. Así lo ha sostenido este jueves el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Ayer, en el Congreso de los Diputados, se aprobó un decreto ley que incluye este punto que puede lapidar la aplicación de la amnistía. Pero Junts y PSOE —así lo ha confirmado Bolaños— pactaron tramitar el decreto ley como proyecto de ley con el fin de presentar enmiendas y poder eliminar este punto. "No cambia nada en el régimen de las cuestiones prejudiciales; no cambiaba con la disposición ni cambia ahora cuando se produzca la enmienda; los jueces españoles por supuesto que pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos; y cuando se eleva una cuestión prejudicial se suspende el procedimiento concreto", ha señalado. Eso podría provocar que la aplicación definitiva de la amnistía no llegue hasta, tranquilamente, dentro de dos años, el tiempo que puede tardar Europa en pronunciarse.
El mismo Bolaños había sostenido en las últimas semanas que era imprescindible mantener este punto en el decreto ley si el Estado quería recibir 10.000 millones de euros provenientes de Europa. Este jueves, sin embargo, en declaraciones en TVE, ha sostenido que España puede seguir recibiendo este dinero, en tanto que nada cambia y que el "compromiso" que este miércoles cumplió la Moncloa con Europa es "una reforma de la justicia" a través de su digitalización, "no una disposición concreta". "Que hubiera una controversia sobre un artículo que no cambia nada, no tenía mucho sentido", ha sentenciado el ministro.
Bolaños, dicho esto, ha confirmado los acuerdos que ayer anunció Junts per Catalunya a cambio de avalar los tres decretos ley del Gobierno (por mucho que Podemos acabara tumbando uno de ellos). Este miércoles, ni PSOE ni Moncloa decían ni mu: ni negaban ni confirmaban ningún pacto con la formación independentista. Pero este jueves sí que lo han hecho Bolaños y también la vicepresidenta primera del ejecutivo, María Jesús Montero, en declaraciones a la prensa antes de participar en un desayuno informativo en Madrid.
Cuando Bolaños ha sido preguntado por el acuerdo alcanzado con Junts sobre inmigración, ha evitado entrar en concreciones. "El acuerdo al que hemos llegado es que desarrollaremos una ley orgánica para delegar a la Generalitat las competencias sobre inmigración", ha dicho; sin entrar en detalle de cuáles son estas competencias. Con el fin de no entrar en el fondo de la cuestión, ha recordado que a causa de la desinflamación del conflicto político entre Catalunya y España, ahora "los partidos catalanes hablan de inmigración o de la rebaja del IVA, y no de lo que hablaban hace cinco años".