El Butlletí del Parlament de este 4 de febrero publica la baja del diputado de la CUP, Pau Juvillà, después de que ayer la secretaría general de la cambra ordenara la retirada del escaño. "Vista la literalidad de los acuerdos de la Junta Electoral Central del 20 y 27 de enero de 2022, por imperativo legal y para evitar el riesgo de incurrir en cualquier tipo de responsabilidad disciplinario, contable o penal, y sin perjuicio de la posición procesal defendida por el Parlament de Catalunya delante de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la secretaria general ha dado instrucciones para que no se desatiendan lo que exigen los acuerdos de la Junta Electoral Central mencionados", recoge el texto. Ayer anoche, después del pleno del Parlament en qué se defendió el escaño de Juvillà, pero no se aceptó su voto, su secretaria general, Esther Andreu, registró un escrito en la Mesa, donde ya exponía que por este imperativo legal y evitando que se impute a su persona y a otros funcionarios de la cambra "cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal," se veía obligadas a dar a la administración parlamentaria las instrucciones necesarias para obedecer los acuerdos de la Junta Electoral Central, que ordenan la retirada del escaño del Parlamento al diputado cupaire, tal como ha acabado sucediendo.
En el texto, Andreu ya exponía como el acuerdo de la JEC del 20 de enero declara vacante el escaño de Juvillà, recordando que el Parlamento ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión. Asimismo, expone que la Junta Electoral Central también avisó, en fecha de 27 de enero, que el incumplimiento de sus resoluciones puede dar lugar a consecuencias jurídicas. En este sentido, Andreu apunta que el Parlament ha intentado defender que la JEC no es competente para declarar las incompatibilidades de los diputados, y que la declaración de vacante vulnera los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, pero que "sin perjuicio de esta posición procesal defendida del Parlament", se ha visto obligada a trasladar el orden de obedecer la JEC.
Proteger a los funcionarios
En el pleno del Parlament de ayer tarde se aprobó el dictamen que defiende que el cupaire preservara su escaño, pero sin haber convocado Juvillà al pleno. Tampoco se le aceptó su derecho al voto: los anticapitalistas habían registrado una solicitud para pedir la delegación de su voto, pero Borràs no la aceptó. Yendo más allá, a CUP decidió no votar el dictamen que elaboraron precisamente los anticapitalistas con ERC y Junts, considerando que si no ha sido convocado ni tenía derecho al voto, se estaba contradiciendo el mismo dictamen que se había aprobado. Ayer, los cupaires ya sospechaban que no era diputado. Finalmente, el informe que defendía mantener el escaño de Juvillà fue aprobado con los votos a favor de ERC, Junts y comunes, un día antes que se acabara el plazo de 5 días, hábiles que le dio el viernes pasado la JEC a Borràs para informar sobre las acciones que ha llevado a cabo para ejecutar la retirada del acta del diputado. Juvillà había sido condenado a seis meses de inhabilitación por no haber retirado unos lazos amarillos de su despacho de la Paeria de Lleida cuando era concejal.
Tal como se recoge hoy en el boletín del Parlament y escribía ayer la secretaría general, se ha tomado esta decisión para evitar que se impute a la misma Andreu y otros funcionarios de la cambra "cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal". De hecho, el dictamen que se aprobó ayer establecía límites en la defensa de Juvillà: no comprometer a los funcionarios de la cambra.