Hace ya 10 días que el Boletín Oficial del Parlament publicaba la baja del diputado cupaire Pau Juvillà, después de varias semanas en que el independentismo y los comuns intentaron sin éxito preservar su escaño. Estos hechos han hecho tambalear la mayoría del 52% del Parlament: desde la publicación de la baja, la presidenta de la cámara, Laura Borràs, sólo había dado explicaciones en una entrevista, en la cual criticó a ERC y la CUP de no haberla apoyado en una propuesta de desobediencia que ella misma supuestamente había planteado. Después del ruido de estos días, hoy finalmente Borràs ha dado explicaciones en público. Principalmente, ha acusado a los funcionarios de haber trabajado de forma improcedente y ha hecho varias propuestas para cambiar funcionamientos internos y prevenirse ante futuras situaciones similares.
La intervención de Borràs ha sido al final de la Junta de Portaveus ordinaria que estaba convocada para este lunes, en el punto de otras cuestiones, y se ha emitido en abierto, un hecho que no pasaba desde el año 2003, y que cuando se había producido era por cuestiones relacionadas con el terrorismo, ha remarcado Borràs. Desde el entorno de la presidencia han asegurado que ha intervenido por propia voluntad, mientras que los grupos de la oposición han asegurado que se ha sentido presionada. En su exposición de los hechos, ha hecho una cronología de todo lo que fue sucediendo en las últimas semanas, desde que Juvillà fue condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, las acciones llevadas a cabo para preservar la soberanía del Parlament y el embate con la Junta Electoral Central (JEC).
Después de explicar los detalles, rectificando incluso algunas cosas que ella misma había dicho hasta ahora ―como que Juvillà no había votado en el pleno del 17 de diciembre por un conflicto de intereses, cuando sí lo hizo―, ha manifestado una propuesta clara ante el hecho de que la soberanía del Parlament sea "continuamente cuestionada": trasladar a la comisión del reglamento de la cámara que estudie la posibilidad de introducir modificaciones que ayuden a proteger la integridad de la institución. No es todo, y es que Borràs también ha pedido a los grupos que valoren la conveniencia de acordar en el Congreso de los Diputados la modificación de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) para garantizar la "inviolabilidad" de los diputados electos. Asimismo, ha pedido a los partidos que elaboren una ley que, como mínimo, regule la administración electoral que tiene que actuar en los procesos electorales catalanes: una sindicatura electoral catalana.
Diferencias con Torrent
Más allá de estas propuestas ha acusado a los funcionarios del Parlament de haber actuado de forma improcedente: ha considerado "una anomalía" que funcionarios de la casa actuaran por órdenes de la secretaria general, que obedecía a la Junta Electoral Central, sin que la Mesa lo supiera. "No es admisible", ha advertido. También ha criticado a los trabajadores por haber publicado un tuit desde la cuenta oficial del Parlament informando de que se había dado de baja a Juvillà en el Boletín del Parlamento, antes de que se hubiera notificado a la Mesa. Ahora bien, después de la intervención de los grupos que le han recriminado haber culpado a los trabajadores, ella ha asegurado que no ha habido "ningún intento de culparlos", y ha dicho que si actuaron así fue por miedo al único culpable: la represión del Estado. En este sentido ha asegurado que la retirada del escaño es un hecho gravísimo, "resultado de la deriva autoritaria del Estado", una deriva que ha alertado que es muy peligrosa y que se plasma "de manera cruenta" en la represión contra el independentismo catalán, y una vez más se ha querido diferenciar de cómo actuó el entonces presidente del Parlament Roger Torrent con el escaño del president de la Generalitat Quim Torra: "Por más diferencias que haya con el caso del president Quim Torra, el acta de Juvillà ha sido retirada por la JEC pasando por encima del reglamento del Parlament y de la voluntad expresada por la Mesa y del pleno".
Otro de los elementos que se ha repetido continuamente después de su explicación ha sido la duda sobre si Juvillà era o no diputado el día 3 de febrero, cuando se aprobó en pleno el dictamen para preservar su escaño. El diputado anticapitalista no fue convocado a aquella sesión y el acta de presidencia fijaba que no se había admitido su delegación de voto. Borràs ha asegurado que ella no dio la orden de no convocarlo y que admitió a trámite su delegación de voto, pero que no se autorizó alegando conflicto de intereses: "Es evidente que hay una doble realidad, una realidad paralela entre la legalidad española que desde el 14 de diciembre considera que Juvillà ya no es diputado (...) Al lado de la legalidad española está la legitimidad del Parlament, que consideró que era diputado hasta que la secretaria general nos presentó por imperativo legal cómo comunicaría a la JEC las acciones llevadas a cabo para demostrar que se le había retirado el acta", ha añadido, así como ha explicado que ha encargado a la secretaria general la interposición de una querella por prevaricación contra la JEC.
La CUP y ERC: crítica suave
Las explicaciones de Borràs no han acabado de convencer a la oposición, que sigue reivindicando que hay cosas que no cuadran. La mayoría de los grupos han pedido su dimisión, mientras que desde ERC y la CUP han sido menos duros. La diputada republicana Meritxell Serret ha agradecido sus explicaciones y ha subrayado que si estos días se ha roto la confianza dentro del independentismo ha sido por la "falta de transparencia". Desde la CUP la diputada Eulàlia Reguant ha criticado la falta de coherencia entre el relato y los hechos, y ha reiterado que Juvillà no fue convocado, cosa que han asegurado que indica que no era diputado: "Algo no cuadra", ha insistido. Más allá de estos dos grupos, el diputado de Junts Josep Rius ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la unidad independentista, y ha defendido que Borràs, ante una nueva agresión, ha intentado responder de la mejor forma posible.
Disculpas y dimisiones
Mucho más duros han sido el resto de grupos. Desde el PSC, el diputado Raúl Moreno ha acusado a la presidenta de haber hecho un "contorsionismo político" que no ha servido para nada más que para degradar la institución, y ha exigido a Borràs que pida perdón a los funcionarios del Parlament. David Cid, de los comuns, ha pedido su dimisión y ha considerado que todo lo sucedido ha sido "la enésima batalla" dentro del independentismo, acusando a Borràs de querer diferenciarse de lo que hizo Roger Torrent.
Todos los partidos de la derecha han pedido la dimisión de Borràs. Desde Vox, el diputado Antonio Gallego le ha recriminado tener una deriva autoritaria, mientras que le ha exigido dejar de convertir el Parlament en un "circo". Nacho Martín Blanco (Cs) ha acusado a Borràs de institucionalizar la mentira y haber tomado el pelo a todos los catalanes y en especial a sus votantes. Finalmente, Lorena Roldán, del PP, ha acusado Borràs de echar pelotas fuera y culpar a los funcionarios: "Es vergonzoso".