Vulneración de la presunción de inocencia y del derecho de defensa. La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha presentado un recurso de reforma a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que anule su procesamiento en el caso del fraccionamiento de contratos de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), al considerar que el juez instructor, le ha vulnerado estos derechos. El magistrado Jordi Seguí la procesó por un delito continuado de malversación de fondos, prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil, junto con su amigo Isaías Herrero y dos personas más. En el escrito, el abogado de Borràs, el penalista Gonzalo Boye, afirma que el juez ha impuesto a Borràs "una pena de banquillo, como anunciaron masivamente los medios de comunicación", antes de que se hayan presentado los escritos de acusación, por parte de la fiscalía, y además sufre "una campaña mediática" en contra
En el escrito, presentado hoy, Boye expone que "sorprende vivamente" que se haya dado un "inusitado impulso procesal sin garantizar mínimamente el derecho de defensa" de la presidenta del Parlament y "sin darle la oportunidad de prestar declaración sobre los nuevos hechos acumulados a la causa". El abogado se refiere a la "ingente" información que desde hace dos años tenía el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, sobre dos personas implicadas en el caso de la institución, pero que el Supremo -cuando Borràs era aforada en este tribunal al ser diputada del Congreso de los Diputados por JuntsxCat- no quiso saber nada de ellos. Cuando la causa volvió a Catalunya, ya que Borràs asumió el cargo de presidenta de la cámara catalana, la fiscalía catalana dijo que los dos investigados se adjuntaran a la causa principal del TSJC, como se ha hecho ahora. El abogado de Borràs explica que ni han tenido acceso a esta información del juzgado ni se la ha citado a declarar sobre esta nueva información, todo y qué precisa, que el Supremo la citó a declarar por los primeros hechos. Las dos personas, investigadas con Borràs y Herrero, son: Andreu P.M., acusado de hacer facturas para Isaías, y de Roger B.P., responsable de gestión administrativa de la ILC, que supuestamente los ayudó a presentar la documentación.
Reclamación
En el escrito, Boye expone que "la presunción de inocencia requiere que los miembros del órgano jurisdiccional no tengan ninguna idea preconcebida que el acusado ha cometido la infracción de la que se lo acusa", además de no producirse ningún pronunciamiento judicial de culpabilidad. Pero añade: "Es evidente que, en el presente caso, pocas premisas se han cumplido al respecto y se evidencia el absoluto desdén por las garantías que asisten" a Borràs, que "está sufriendo una campaña mediática en la cual está siendo objeto de un juicio paralelo, privándola del derecho de defensa."
El lunes pasado, en la resolución de procesamiento, el magistrado instructor del TSJC detalla los dieciocho contratos menores (de 18.000 euros) que Laura Borràs como directora de la Institució aprobó para realizar unos servicios informáticos en la web de la ILC del 2014 en el 2017. De este total, concedió seis a Isaías Herrero, cifrados en 112.502 euros, de forma directa y hasta 309.000 euros, a través de otras entidades, de forma encubierta y que sabían los dos, según el juez.
Y ahora, la oposición al Parlamento presiona para que Borràs deje el cargo de presidenta cuando el juez ordene la apertura del juicio oral, una vez presentados los escritos de acusación y defensa.