La defensa de la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha enviado este viernes las alegaciones ante la Junta Electoral Central por la resolución sobre su escaño. En este escrito, que ha avanzado Efe y ha podido confirmar ElNacional.cat, la presidenta de Junts per Catalunya sostiene que el órgano administrativo "es manifiestamente incompetente" para adoptar una decisión sobre su condición de diputada y, por lo tanto, que no puede incidir en la retirada de sus credenciales en un contexto en el que no hay sentencia firme. Los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han añadido a estas alegaciones que han registrado que la dirigente juntaire ha sufrido una "vulneración de derechos".
El pasado 13 de abril, la Junta Electoral Central otorgaba un plazo de 10 días hábiles —que se agota este viernes— para que la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, comunicara "las decisiones, resoluciones o medidas" que la cámara había adoptado después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la que condenaba a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación especial por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Al mismo tiempo, daba este periodo para que tanto el Parlament como la misma Laura Borràs pudieran presentar alegaciones al acuerdo adoptado por la JEC, que recogía en su argumentario por qué considera que hay que actuar contra el escaño de la presidenta del Parlament suspendida, basándose en los precedentes del expresident Quim Torra y de Pau Juvillà. Ambos perdieron su acta a pesar de no tener sentencia firme y recordaba que ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala esta actuación del órgano administrativo para expedir la credencial del siguiente de la lista.
Críticas a Vox, Ciudadanos y el PP
Ante esta resolución, el equipo de Borràs apunta que "la administración electoral es manifiestamente incompetente para el enjuiciamiento de las eventuales situaciones de incompatibilidad de los diputados en el Parlament de Catalunya o cualquier otra asamblea legislativa". Además, indican que las juntas electorales solo son competentes durante el periodo electoral y cargan contra Vox, Ciudadanos y el PP —partidos que instaron la JEC a retirar el acta a la líder juntaire— porque "carecen de la condición de interesados para iniciar este procedimiento". En todo caso, aseveran que "únicamente la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme" puede hacer perder la condición de diputado, como recoge el reglamento del Parlament. Hoy por hoy, la sentencia no es firme, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Todavía en este escrito, la defensa de Laura Borràs acusa a la Junta Electoral Central de "usurpar la competencia de los tribunales para la ejecución de las resoluciones judiciales". Desde la perspectiva de la "vulneración de derechos", apuntalan que los que han sido vulnerados son los referentes a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y los derechos de participación política. "Son derechos que la sentencia no puede desvirtuar", subrayan. En opinión del equipo jurídico de la presidenta del Parlament suspendida, "no hay objetivo legítimo, desde el punto de vista de los derechos fundamentales invocados, para privarla de la condición de diputada antes de la existencia de una sentencia firme".
El Parlament ve "innecesario y desproporcionado" retirarle el acta a Laura Borràs sin sentencia firme
Estas alegaciones se suman a las acordadas por la Mesa del Parlament el pasado 18 de abril, que decidió defender el escaño de Laura Borràs amparándose en dos ejes: la defensa de la soberanía de la cámara y el cumplimiento de su reglamento, que precisa que no se retirará el acta de un diputado hasta que la sentencia no sea firme. Esquerra, Junts y la CUP avalaron esta decisión, mientras que el PSC votó en contra. Este mismo viernes, la cámara ha presentado un escrito de 23 páginas a la JEC para argumentar que ve "innecesario y desproporcionado" retirar las credenciales de la presidenta del Parlament suspendida sin que haya sentencia firme.
El documento, firmado por el letrado mayor del Parlament, Miquel Palomares, y los letrados Antoni Bayona y Jan Sarsanedas, recoge que la condena no empezará a ser efectiva hasta que la sentencia sea firme y que, por lo tanto, consideran que la Junta Electoral Central "no es competente en situaciones de incompatibilidad sobrevenida", sino que es una decisión que corresponde a las cámaras legislativas. Los letrados informan al órgano administrativo que Borràs tiene los derechos y deberes parlamentarios suspendidos desde el 28 de julio, una medida que califican de "provisional y garantista" y que avala que, en estos momentos, "no corresponda adoptar ninguna nueva decisión".
Para la cámara, el debate jurídico sobre cómo proceder en este caso "aún está abierto y pendiente de resolución definitiva" y recuerdan que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre los recursos de amparo que han presentado tanto Pau Juvillà como el expresident Quim Torra por la retirada de sus actas. De hecho, los letrados aún hacen referencia al TC para decir que esta instancia defiende hacer una "interpretación restrictiva" de todas las normas que puedan suponer una "limitación del ejercicio de los derechos" que tienen que ver con la representación pública. En este sentido, indican que la Comisión de Venecia sostiene que limitar o restringir estos derechos de representación política cuando hay una sentencia firme vulnera la presunción de inocencia.