"Crearemos estructuras de estado sólidas para pasar de la autonomía al estado catalán". Este ha sido el primer compromiso de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, en la comisión del Parlament para informar de los objetivos y las actuaciones de su departamento.
En este sentido, su máxima prioridad será "el bienestar de las personas", ha asegurado. Dar respuesta a las necesidades actuales, pero también "trabajar en el marco que tiene que permitir la desconexión".
"Vivimos un tiempo extraordinario". Por eso, siguiendo un mandato democrático, "el gobierno está llamado a hacer cosas únicas, pensando en el interés común," ha añadido durante su intervención. "Tenemos el derecho a gobernarnos y el derecho a disponer de las herramientas que garanticen la viabilidad de nuestro país". ha reclamado ante los diputados. "Qué suerte, todo está por hacer, y todo es posible", ha sentenciado parafraseando Miquel Martí i Pol.Vivienda
En esta legislatura, las políticas de vivienda dependen de la conselleria de Gobernación. Por eso, la consellera ha asegurado que será una prioridad "evitar que muchas familias pierdan su casa"
"Pararemos todos los desahucios en situación de emergencia social", se ha comprometido Borràs. En estos momentos, Generalitat y ayuntamientos tienen cuantificados 1.500 casos en esta situación y el compromiso es solucionarlos en 9 meses.
Por lo tanto, estos serán ahora mismo su prioridad. "Todos tenemos claro que cuando hablamos de números estamos hablando de personas, de gente que vive situaciones difíciles", ha recordado a la consellera.
Borràs ha puesto sobre la mesa una retahíla de medidas en este sentido. En total, 22 puntos en materia de vivienda. Una parte de estas medidas ya están en marcha, sin embargo, otras "dependen de los presupuestos".
El compromiso del gobierno es que ninguna familia en situación de emergencia se quede sin vivienda. En este sentido, dispone de cuatro herramientas ahora mismo:
- Ayudas de urgencia para pagar alquileres y cuotas de hipoteca, hasta un máximo de 5.400 euros anuales.
- Ampliar el parque público de alquiler social que ahora mismo está en 25.000 viviendas.
- Si este parque no es suficiente, entonces, se apuesta por promover la cesión de uso temporal de los pisos vacíos de los grandes tenedores, básicamente los bancos (que prevé la ILP aprobada el mes de julio). Con la posibilidad de sancionar las entidades si no quieren ceder las viviendas vacías. "Seremos implacables", según Borràs.
- El último recurso del gobierno será recurrir al parque privado de vivienda. En este caso, la Generalitat se hará cargo del 60% del precio de alquiler y el otro 40%, el ayuntamiento.