La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pasado por alto el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) que retira el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà y le mantiene su apoyo. Esta ha sido la primera reacción de Borràs a la decisión de la JEC. "Siempre he dicho que protegeré los derechos de todos los diputados para garantizar los derechos y las libertades de sus electores y que hay que respetar el principio antirepresivo básico de acompañamiento de la persona afectada y su organización. Pau Juvillà, sabes que me tienes a tu lado", ha añadido. La presidenta del Parlament ha adjuntado la carta que ha enviado la JEC al legislativo.

Borràs ha coincidido en su posicionamiento con el de la CUP, que no ha reconocido la autoridad de la JEC para resolver esta cuestión. Cuando se dictó sentencia, la CUP y el Parlament activaron varios mecanismos para blindar el escaño de Juvillà, mediante la Comisión del Estatuto del Diputado y también en el pleno del 17 de diciembre, cuando se aprobó por amplia mayoría mantener su escaño. Es en esta línea que la CUP ha anunciado que no aceptaba la decisión de la JEC porque entiende que la resolución que prevalece es la aprobada en la cámara catalana, y en este sentido ha hecho un llamamiento a defender la soberanía del Parlament. La JEC ha trasladado la resolución tanto al diputado Pau Juvillà como al Parlament de Catalunya y las formaciones que presentaron la denuncia. El caso es muy similar al que dejó sin escaño al president de la Generalitat Quim Torra, también condenado por desobedecer a la JEC. De hecho, en su fundamentación, la junta electoral lo cita como precedente.

Hace poco más de un mes, el 14 de diciembre del 2021, Juvillà fue condenado por el TSJC a seis meses de inhabilitación a cargo público por desobediencia, precisamente a la JEC, porque no retiró los lazos amarillos de la ventana del despacho que el grupo anticapitalista tenía en la Paeria de Lleida, en periodo electoral en 2019. Juvillà defendió que ejercía su derecho a la libertad de expresión. En la resolución, el tribunal —formado por los magistrados Jesús M. Barrientos, Jordi Seguí y Carlos Ramos, el ponente— sostenía que Juvillà "se negó de forma reiterada y contumaz" a dar cumplimiento a los acuerdos y requerimientos fijados durante el periodo electoral por la Junta Electoral de Zona (JEZ), y después de la Junta Electoral Provincial (JEP). "Es, indicaba el tribunal, en los dos casos un mandato claro y preciso, que no mereció ninguna aclaración, y los razonamientos dados fueron desestimados y fueron entendidos".