La exconsellera de Governació y Habitatge, Meritxell Borràs, hoy ha cumplido la pena de veinte meses de inhabilitación y una multa, ya pagada por la Caixa de Resistència, de 60.000 euros que el Tribunal Supremo impuso, también a Carles Mundó y Santi Vila, por un delito de desobediencia. A pesar de todo, Borràs quiere recordar que la persecución judicial todavía no ha acabado y ya alerta de una nueva causa que tendrá impacto el próximo 29 de junio: "Por San Pedro dictarán la ruina absoluta de los gobiernos Puigdemont y Mas", en declaraciones a TV3.

La internacionalización del procés

Borràs hace referencia a la investigación sobre la acción exterior de la Generalitat que abrió la jueza Carmen García, titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona. Esta nace a raíz de la denuncia de la Fiscalía a partir de un informe del Tribunal de Cuentas que se centra en "los gastos" entre los años 2011 y 2017 relacionados con la internacionalización del procés.

La causa implica a consellers y cargos técnicos de aquel momento, entre otros: el entonces conseller de Exteriors Raül Romeva; nueve excargos como quien fue número 2 de Exteriores, Aleix Villatoro; el exsecretario general del Diplocat Albert Royo; el secretario del Govern, Víctor Cullell; y seis altos cargos más: Roger Albinyana, Roser Clavell, Gerard Figueras, Antoni Reig, Teresa Prohias y Manel Vila. Así pues, también se implica el gobierno de Artur Mas y algunos pagos por la consulta del 9-N. La exconsellera prevé que "se establecerá una cifra mucho más importante" por estas acciones y acabarán arruinando "unas personas muy nobles por querer dar a conocer el caso de Catalunya".

En su caso personal, ahora que ha cumplido la condena impuesta, Borràs descarta volver al terreno político: "No es mi intención, honestamente". Además, recuerda que durante los 33 días que estuvo ingresada en la prisión, se constituyeron listas para ir al Parlament y decidió que "lo más correcto era dar un paso atrás". Aunque hoy cierra una etapa, reitera que todavía tiene una solicitud del Tribunal de Cuentas que pide "más de dos millones de euros entre los consellers y el president del Govern" que hicieron posible el 1 de octubre.

Este dinero, ya depositado por la Caixa de Solidaritat, ha hecho que no tengan que haber lindado con su patrimonio o "la casa por decirlo claramente". Pero matiza que la situación personal del resto de compañeros y compañeras, también de directores generales y secretarios, es muy dura. Por eso, considera que todo el mundo, sin excepción, tendría que haber cumplido "una sentencia de desobediencia como máximo", es decir, una inhabilitación.

Y está convencida de que las diferencias de criterio se han basado en la continuidad en la carrera política que cada persona ha decidido emprender. Así, volviendo a la actualidad sobre los indultos, Borràs admite que no se pueden renunciar pero "la única solución real pasa por una amnistía, también de las personas en el exilio y los más de 3.000 represaliados". Además, reprocha que jurídicamente "es posible".

Fotografía de portada: imagen de recurso de la exconsellera Meritxell Borràs