La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado una querella al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y también contra el secretario general de la conselleria de Governació, Francesc Esteve, por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, por el proceso iniciado por la Generalitat para comprar urnas para el referéndum sobre la independencia.
La querella, que ha sido ordenada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, también va dirigida "contra los que durante la instrucción resulten igualmente responsables".
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado justifica la interposición de la querella, dirigida contra Borràs y contra el secretario del departamento, porque el anuncio de licitación para la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" a Catalunya, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional.
En el escrito de la Fiscalía General del Estado, también se destaca que la compra de urnas supone "dar impulso al proceso constituyente preordenado a la Resolución 1/XI" del Parlamento de Catalunya" que, según los fiscales, es "de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlament y del Govern de Catalunya, en la ordenación territorial del Estado, y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutario" y, por lo tanto, supone "una pura vía de hecho".
"Menosprecio a la Constitución"
La querella contra la conselleria de Governació viene a razón del anuncio que el Govern publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) anunciando la compra de 8.000 urnas por un valor de 200.000 euros. El anuncio iba firmado por la conselleria de Governació, y concretamente, por su secretario, Francesc Esteve. Por eso, la querella que ahora pide la Fiscalía va contra esta conselleria.
En la querella, a la que ha tenido acceso El Nacional, se destaca que tanto Borràs como Esteve eran "plenamente conscientes" de que con este anuncio se ponían en marcha los trámites por el referéndum, y califican eso de "total menosprecio a la Constitución y a los pronunciamientos del TC". Además, recuerda que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para "convocar consultas, incluido no refrendarias, que versen sobre cuestiones que afecten al orden constitutivo y al fundamento mismo de la orden constitucional".
Según la Fiscalía, aunque el acuerdo marco publicado en el DOGC no habla de referéndum sobre la independencia y se suscribe la compra al "suministro de urnas a las elecciones en el Parlament de Catalunya consultas populares y otras formas de participación ciudadana", cree que el acuerdo busca "enmascarar formalmente la preparación del referéndum".
Penas de prisión
Las actuaciones de Borràs y Esteve, según el fiscal, evidencian su "voluntad rebelde a cumplir las resoluciones del TC" y, por eso, los atribuye un delito de prevaricación continuada que va "claramente en contra el ordenamiento jurídico, sin "competencia legal" y mediante uno "ejercicio desviado de funciones públicas" que ostentan.
La Fiscalía les acusa a los dos también de malversación de fondos públicos, delito que comportan penas de prisión de cuatro a ocho años, por "haber puesto en marcha un procedimiento que si llega a término generará gasto público" y que está "orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas radicalmente opuestas a las resoluciones del TC y, por consiguiente, ontológicamente ajenas a la función pública".
Los tres delitos (prevaricación, desobediencia y malversación), según la Fiscalía, "han sido cometidos por actuación conjunta y coordinada de ambos querellados" y por lo tanto, aunque sólo Borràs disfruta de aforo ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC "se hace imprescindible que la instrucción y, en su caso, posterior enjuiciamiento se haga en este mismo órgano judicial".
En su diligencia, la Fiscalía Superior de Catalunya pide al TSJC que abra diligencias por este caso y que cite en calidad de investigados, lo que antes era imputado, la consellera Borràs y el secretario Esteve. También pide al TSJC que pida al departamento de Governació una copia del expediente del acuerdo marco de la compra de urnas. Ahora, sin embargo, hace falta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo admita a trámite.