El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, no ha bajado la guardia en su cruzada contra cualquier discurso favorable al independentismo fuera de las fronteras españolas. Y no parece que nada se le escape. Tampoco la intervención del president en el exilio, Carles Puigdemont, en el Crans Montana Forum que se celebró a finales de junio en Ginebra y, sobre todo, la presentación que hizo el presidente de la entidad, Jean Paul Carteron, que denunció la existencia de presos y exiliados.
En una carta abierta publicada este lunes en el diario Tribune de Genève, Borrell se muestra "sorprendido" por las palabras que Carteron dedicó a Puigdemont. El responsable de la diplomacia española le reprocha que atribuyera la prisión preventiva de los líderes independentistas al hecho que no piensan como el poder central, y le atribuye una "falta de conocimiento sorprendente" para una persona de su responsabilidad, además de una ligereza impropia del responsable de un foro como este, en el cual, recuerda él mismo ha participado en anteriores ediciones.
Borrell acusa al presidente de Crans Montana Forum de haber puesto en cuestión el estado de derecho en España y lamenta que de sus palabras se desprende que el Gobierno habría ordenado a los jueces una persecución política, lo cual tilda de insultante.
El ministro aborda en la carta su relato sobre lo que pasó a Catalunya, niega que haya ninguna persecución en España por expresar opiniones políticas, y asegura que el encausamiento de los líderes independentistas obedece a sus actos no en sus ideas.
Asimismo, en relación a la no asunción del escaño de eurodiputado por parte de Puigdemont, recuerda que el presidente del Tribunal general de la UE fijó que no hay base suficiente para dictar medidas cautelares para reconocerle el escaño.
"Me atrevo a pensar que una persona con su renombre no podría aprobar una fórmula tan apreciada por Puigdemont y su entorno, según la cual la democracia está por encima de la ley. Espero que estará de acuerdo conmigo en el hecho de que en un Estado de Derecho, estas propuestas no tienen ningún sentido", asegura.
Finalmente, subraya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió que era inadmisible el recurso contra la decisión del TC de suspender el pleno del Parlament en que se declaró la independencia. "Las leyes, como recuerda el TEDH, se pueden cambiar, pero por procedimientos legales y democráticos, intentar derrocar el orden constitucional de un Estado democrático, como España, no puede ser lícito", concluye.