La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha reivindicado ante el tribunal que juzga a la Mesa del Parlament el proceso político para la autodeterminación de Catalunya, incluida la declaración unilateral de independencia; ha asegurado que la CUP no reconoce ninguna legitimidad al Tribunal Constitucional en el procés y ha denunciado la violencia del Estado contra Catalunya. Finalmente, el juez Jesús María Barrientos ha cortado el argumentario de la exdiputada y ha impedido que su abogado siguiera con las preguntas en este sentido.

Boya ha ejercido su derecho a declarar en aranés para responder al tribunal y a la fiscalía. Ha sido la única de los acusados que ha contestado a las preguntas del fiscal. No ha respondido a la abogacía del Estado y ha alegado la condición de "feminista y antifascista" para advertir que no considera legítima la presencia de Vox.

Violencia y guerra sucia

Boya ha dejado claro que la CUP no acepta la violencia y que Catalunya no es un pueblo violento. En contraste, ha denunciado la violencia que recibe Catalunya, no solo la física del 1-O sino también "psicológica, económica e incluso la de estos métodos parapoliciales de escuchas y guerra sucia del Estado español".

La entrada del abogado de la cupera en este tema y en la guerra sucia contra el independentismo que se investigó en una comisión del Parlament ha provocado finalmente que el juez Jesús Maria Barrientos cortara el interrogatorio.

"Todos estos hechos que nos está explicando desborda lo que estamos viendo aquí", ha advertido Barrientos, que ha alegado que el escrito del fiscal no aborda este tema y por lo tanto no tiene interés para el Tribunal. "Cuestiones periféricas sin interés para la tribunal", ha cortado.

El abogado, después de intentar infructuosamente seguir esta línea de interrogatorio, ha presentado protesta formal porque se le ha impedido seguir preguntando sobre este tema.

Guardia pretoriana del 78

"¿Por qué estamos sentados aquí? -ha preguntado Boya-. Porque somos mayoría, porque no solo tramitamos las iniciativas propuestas sino que las ganamos. Entonces aparece la guardia pretoriana del régimen del 78 que es el TC y empieza a querellarse contra nosotros, la única respuesta del Estado español ante el debate político y las mayorías democráticas es la represión", ha denunciado. Ha avalado su afirmación con el hecho de que fuerzas como Vox, que actua en el juicio como acusación particular, puede presentar en el Congreso iniciativas que podrían constituir delito de odio "y no pasa nada".

En respuesta a su abogado, Boya ha reivindicado que la CUP siempre ha presentado la independencia de los Països Catalans y lo seguirá haciendo aunque ella esté allí sentada. Ha asegurado que no recibió ninguna advertencia personal por parte del Tribunal Constitucional, pero ha insistido en que en cualquier caso tampoco reconocen al TC "como un agente legítimo en el procés de independencia de Catalunya".

Ha explicado que la Mesa del Parlament es un órgano solo técnico que resuelve cuestiones técnicas no políticas, y que en su grupo, al contrario de lo que ha afirmado momentos antes Ramona Barrufet, no le tocaba estar en la Mesa. "Si los resultados de las elecciones nos hubieran dado suficientes diputados, evidentemente habríamos asumido la tarea técnica", ha argumentado.

El fiscal, Pedro Ariche, ha interrogado a Boya sobre el referéndum y los presupuestos que pactaron JxSí y CUP, y Boya explicado que para su grupo este es el objetivo desde la asamblea de 2016 como vía para de dirimir el conflicto político entre Catalunya y España.

El fiscal también ha preguntado a Boya sobre el sentido de la declaración posterior al 1-O. La cupera ha explicado que no consideraron que la declaración fuera simbólica y que no estaban de acuerdo con la suspensión de la declaración de independència, porque no creían en la voluntad de diálogo del Estado, como demostró la suspensión dictada por el gobierno de Mariano Rajoy.