El espionaje a que el CNI sometió al abogado Gonzalo Boye con el sistema Pegasus a acabado colisionando contra los casos en que actuaba el letrado mientras era objeto del seguimiento. La razón es que el mismo juez que autorizó a las escuchas con el software espía, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, participó en casos contra algunos de los clientes de Boye. El abogado ha puesto en marcha a una batería de recursos ante el Tribunal Supremo para reclamar que las sentencias en que participó el magistrado sean anuladas por la indefensión en que se encontraron sus clientes. Se trata de diferentes casos que afectan a los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, y los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.

En su escrito, Boye recoge las conclusiones del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, del 18 de mayo del 2022 en qué confirma que Pablo Lucas era el responsable de autorizar las escuchas "ilegalmente", lo cual ha tenido un "efecto devastador" sobre el derecho de defensa de sus clientes. Argumenta que el informe de Defensor del Pueblo constató "un elevado grado de detalle en la información de qué disponía el magistrado del Tribunal Supremo para poder adoptar una decisión de autorización o no autorización" de las escuchas. Reprocha que tenía este elevado grado de información sobre sus comunicaciones al mismo tiempo que formaba parte de la sala que dictaba sentencia contra sus clientes, lo cual habría provocado una situación de indefensión contra ellos, vulnerando las comunicaciones abogado-cliente.

 

Devastador

"Ha tenido un efecto devastador sobre el derecho de defensa de los recurrentes, que sufrieron en este proceso una situación efectiva de indefensión material, como a consecuencia de las sin duda ilícitas actividades del juez Pablo Lucas Murillo de la Cueva, impropias de un juez de un Estado democrático de derecho," denuncia.

Todo ello habría provocado una vulneración de derechos fundamentales que se ha puesto de manifiesto con posterioridad a la sentencia. "En definitiva, se ha producido una situación evidentemente prohibida a cualquier Estado democrático de derecho, que contraría de manera palmaria el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, así como a un proceso con todas las garantías, en relación con el derecho a la vida privada, así como a la igualdad sin discriminación por motivos políticos o ideológicos, todos ellos irremediablemente lesionados con este proceso", reprocha.

 

Boye denuncia que Lucas mientras actuaba en estos procesos tenía acceso a todas sus comunicaciones de abogado con sus clientes, lo cual no tiene paralelismo con ningún Estado democrático de derecho y provocó una situación de absoluta indefensión.

Por todo ello, reclama que se declare la nulidad de los casos y la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Asimismo reclama que, en caso de no estimar directamente el incidente que reclama, el Supremo plantee una cuestión prejudicial sobre esta cuestión en el TJUE. Finalmente reclama que el juez Lucas aporte todas las autorizaciones que emitió para espiar a Boye así como el resto de personas afectadas por estos procedimientos, y toda la documentación que llevó al Defensor del Pueblo a concluir que Lucas disponía de un elevado grado de detalle en la información.

Los incidentes tramitados por Boye afectan a la desestimación de dos recurso contenciosos administrativo de Puigdemont i Comín contra acuerdos de la JEC; cuatro recursos de Torra también contra la JEC; así como recursos de Clara Ponsatí.