Más recursos. El abogado Gonzalo Boye ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona para que anule el llamado auto de convalidación, que dictó el magistrado Joaquín Aguirre, el 2 de julio pasado, para convalidar la copia íntegra de las actuaciones y del clonado de los móviles de cinco investigados en el caso Volhov, realizada el 20 de marzo pasado por funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía española. Las defensas de los 13 investigados de la pieza de la injerencia rusa al procés, descubrieron esta resolución, la semana pasada, cuando finalmente pudieron tener acceso a la instrucción realizada por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, en la cual se confirma que ha traspasado la información del caso Volhov a la nueva pieza de la injerencia rusa, creada por el magistrado en una resolución del 21 de junio pasado. La gravedad es que todo el material convalidado fue anulado por la Audiencia de Barcelona, el 29 de mayo pasado, y ordenaba al juez llevar a juicio el caso Volhov con solo el material conseguido hasta 1 de agosto de 2023 o a archivarlo. El juez Aguirre, sin embargo, en la resolución de junio admitía que había hecho "una solución alternativa", y creaba una nueva pieza en la que imputa a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y once personas más.
El abogado del president Puigdemont y de Alay, y que también está investigado en esta causa, acusa al juez Aguirre de haber hecho una resolución de convalidación que no existe en el ordenamiento jurídico. "No solamente es absurdo, sino que la autoridad judicial que lo firma ni siquiera ha podido encontrar los preceptos legales en que apoya su decisión, porque no solamente es arbitraria, sino sin ningún fundamento legal. Aquí no hay fraude de ley, ni siquiera. Sencillamente, se ha visto en la obligación de inventar un cauce inexistente, dado que no hay ningún precepto en nuestro Ordenamiento Jurídico que acoja esta imaginativa decisión, ni doctrina ni jurisprudencia en la cual parapetarse. (...) La ley castiga este comportamiento", declara Gonzalo Boye en su recurso, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes.
Clonación de los móviles
Los móviles que la policía española ha vuelto a examinar, después de que lo hiciera la Guardia Civil, son de cinco de los detenidos en octubre de 2020 con el caso Volhov: el exresponsable de Exteriors de CDC y presidente de Catmon, Víctor Terradellas; el exconseller de ERC, Xavier Vendrell; el empresario Oriol Solé, el exdirigente de CDC, David Madí, y el director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay. El penalista alerta que con esta copia "en realidad, seguramente, lo que se pretende es dar carta de naturaleza a evidencias ilegalmente obtenidas por particulares y ajenos a la administración de justicia". El penalista alerta que con esta nueva copia "en realidad, seguramente, lo que se pretende es dar carta de naturaleza a evidencias ilegalmente obtenidas por particulares y ajenos a la administración de justicia". Y es que, por ahora, la policía española no ha entregado el volcado de los móviles donde salen las supuestas conversaciones incriminatorias, como por ejemplo la sorprendente identificación del periodista Carles Porta, ahora investigado.
Los abogados de los investigados han denunciado que desde el juzgado de instrucción 1 de Barcelona se ha atrasado el envío de sus recursos a la Audiencia de Barcelona para que pare esta investigación, la cual consideran que es ilegal porque ha desobedecido la orden de la misma audiencia de pararla. El juez Aguirre todavía controla la causa hasta que el Tribunal Supremo resuelva si acepta investigar esta supuesta injerencia o no ve indicios en la exposición razonada que el magistrado le envió el 8 de julio pasado.
Actuaciones para el juicio y otras, nulas
En el recurso, el penalista expone que la diferencia entre lo actuado entre el 1 de agosto de 2023 y el 29 de mayo de 2024 con lo actuado a partir del 29 de mayo de 2024, consiste en el hecho de que "los actos anteriores no son válidos, no pueden servir para un juicio de acusación, aunque sí que podría utilizarse la información obtenida para aportarla en un juicio; esto se debe al hecho de que la ilicitud no se deriva de vulneraciones de derechos fundamentales, sino del incumplimiento de normas procesales". Por el contrario, añade que no pasa lo mismo con las actuaciones posteriores al 29 de mayo de 2024: "Su nulidad lo es de pleno derecho, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, dado el no acatamiento a lo ordenado por la superioridad", es decir, la Audiencia de Barcelona.
"Es un proceso kafkiano, sin duda, pero, a la vez, es basto y grosero, dado que pretende burlar lo dispuesto por el órgano judicial jerárquicamente superior, nuevamente", concluye Boye del auto de convalidación.