El abogado Gonzalo Boye ha pedido a la Audiencia de Barcelona que decrete el archivo de la nueva pieza sobre una supuesta injerencia rusa al independentismo catalán, que el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, dictó el 21 de junio, porque ha desobedecido el mandato de la misma sección 21 de la Audiencia que le ordenó cerrar la investigación del caso Volhov. Con esta medida, el penalista se salta de presentar el recurso de reforma ante el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona y lo hace directamente al tribunal superior (recurso de apelación) ante la gravedad de los hechos que denuncia, en dos escritos presentados en defensa del director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y un segundo, en su defensa, ya que Boye también está investigado en esta causa.
Además de esta desobediencia, el abogado sostiene que como no se podía acceder al contenido del móvil de Alay, detenido el 2020 con otras personas del caso Volhov, el magistrado lo habría entregado a "personas ajenas a la Administración de Justicia", y un experto informático habría abierto su contenido y devuelto al juzgado. Si se confirma este extremo, significaría que el contenido del móvil de Alay no se podrían usar en ninguna causa penal ante su manipulación. Además, Boye destaca que se ha vulnerado el derecho de confidencialidad entre abogado y cliente, ya que los informes de la Guardia Civil reproducen conversaciones de los dos, y acusa al magistrado de tenerle "animadversión" por defender a independentistas catalanes, especialmente al president en el exilio, Carles Puigdemont. Precisamente, este lunes se han difundido unos audios, donde el magistrado se vanagloria de haber detenido la primera aprobación de la ley de amnistía, el enero pasado.
Petición de amnistía de Mas y Alay
El magistrado Aguirre admitió, en la resolución de 56 páginas, que "se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia de Barcelona", que le hicieron cerrar el caso Volhov, sobre la supuesta trama rusa. La respuesta ha sido crear una nueva pieza en el caso originario, el caso Diputación de Barcelona, abierto en el 2016 sobre supuestas subvenciones irregulares a entidades próximas a Convergència, y en la única pieza que quedaba abierta de la fundación Catmon-Igman, para poder seguir investigando con los mismos indicios que el caso Volhov. En la resolución, el juez Aguirre sostiene que hay indicios de los delitos de malversación de fondos y de traición de 13 personas, entre las cuales el president Artur Mas y Carles Puigdemont. El último escrito de Boye al juez ha sido pedir la amnistía para Alay, tal como requería el juez al preguntarlo. El abogado Jordi Pina también la ha pedido para Mas, a quien defiende. Los dos abogados insisten en que no existe ninguna trama y tampoco se ha cometido ningún delito.
La credibilidad del sistema judicial, en juego
En su escrito, Boye alerta a la Audiencia de Barcelona de que "la respuesta que se dé a un caso como el presente determinará la credibilidad del sistema judicial y su encaje correcto en el marco de un estado democrático y de derecho" e insiste: "Es crucial entender que esta actuación se puede considerar un ataque directo al sistema de separación de poderes y al propio sistema judicial, porque la relación entre los diferentes niveles de tribunales y la obligación de acatar las resoluciones de los órganos superiores es un pilar fundamental en cualquier sistema jurídico que aspire a la justicia y la equidad."
Colaboración con un periodista
En el escrito, el abogado afirma que como no se pudo acceder al contenido del teléfono de Alay, "el terminal habría sido librado a un periodista que, a su vez, se lo habría entregado a un supuesto investigador académico, que habría puesto en manos de un técnico informático muy calificado este terminal y que finalmente consiguió acceder al contenido del teléfono de Alay y de otros investigados". Detalla que "este contenido, una vez analizado por sujetos ajenos a la administración, habría sido devuelto al juzgado y es a partir de aquí cuando el juez habría empezado a construir su delirante versión acusatoria".
El penalista documenta los tres viajes a Rusia que Alay ha hecho entre los años 2019 y 2020, uno como director de la oficina del president Puigdemont y otros dos profesionales, como historiador y traductor del libro de dos antiguos espías rusos. Boye critica la tergiversación de los hechos del juez Aguirre y sostiene: "Ni Elena Vavilova ni Andrei Bezrukov pertenecen desde hace más de una década a ninguna agencia de inteligencia rusa. Vavilova es una conocida autora de ficción en lengua rusa y Bezrukov es un reconocido académico y profesor universitario en Moscú". En cuanto a sus viajes a Rusia, Boye manifiesta que es para ejercer su oficio y defender personas como es el caso de Edward Snowden.
Precisamente, Gonzalo Boye indicó en las redes sociales que la resolución del juez Aguirre sobre la nueva pieza de la 'trama russo-catalana' tiene párrafos enteros que se reproducen íntegramente en un libro de David Alandete, presentado justamente la semana pasada. Por ejemplo, identifica que el periodista Carles Porta participaba en una conversación con Víctor Terradellas, y justamente el juez lo define como investigado en la nueva resolución.