Los eurodiputados de Junts vuelven a la carga para reclamar la recusación del juez instructor, Pablo Llarena, después de que el magistrado dejó claro su posicionamiento sobre la aplicación de una amnistía a los implicados en el Procés. Después de que el juez inadmitió hace diez días la recusación contra él por este tema, argumentando que no le corresponderá a él plantear una cuestión de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe la ley, la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, ha replicado contradiciéndole y advirtiendo que en cualquier caso será el juez instructor quien tendrá que aplicar una ley de amnistía.
La defensa de los políticos exiliados, que dirige Gonzalo Boye, cuestionó de nuevo la imparcialidad de Llarena y presentó una nueva recusación a raíz de una conferencia el pasado 11 de septiembre en que "se desahogó sobre las eventuales consecuencias y actuaciones que tomaría en caso de que se llegara a aprobar la ley de amnistía". Llarena inadmitió el recurso argumentando que no se puede considerar "comprometida" su neutralidad, dado que la conferencia tuvo lugar en un espacio "estrictamente académico" y respondió al "análisis de los criterios técnicos básicos de supervisión de constitucionalidad de cualquier norma jurídica". El magistrado añadía que si se llega a aprobar la ley no le corresponderá a él resolver sobre la constitucionalidad de la norma "ni el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad".
Ante esta inadmisión de la recusación, los exiliados han presentado hoy un nuevo recurso de reforma, dirigido al "excelentísimo magistrado recusado" y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, en el cual argumenta que, al contrario de lo que afirma Llarena, el magistrado instructor podría cuestionar la constitucionalidad de una futurible ley de amnistía". "El magistrado-instructor es consciente de que, en el supuesto caso de que se promulgara una amnistía, y que la misma afectara a los procesados en el presente procedimiento, él sería el primero que tendría que aplicar dicha norma y, en su caso, si lo considera oportuno, plantear una cuestión de inconstitucionalidad," remacha.
Llarena, comentarista político
El texto insiste que el instructor en su intervención no solo mostraba un posicionamiento político que dejaba clara la pérdida de la necesaria apariencia de imparcialidad, sino que protagonizaba unas "manifestaciones que, superando la mera crítica política, denotan una animadversión personal hacia los recusantes". El escrito reprocha que no corresponde a Llarena "ejercer de comentarista político de la actividad, también política, de los que se encuentran ilegalmente procesados por él", como hizo, según denuncia Boye, en la conferencia que pronunció el pasado 11 de septiembre. "Y al hacerlo, pierde cualquier tipo de apariencia de imparcialidad, por otra parte, inexistente ya en el momento de impartir la citada conferencia", remacha.
Los eurodiputados han reprochado, asimismo, que sea el mismo Llarena quien ha inadmitido la recusación contra él. "Sin necesidad de resolver ahora sobre la manifiesta incompetencia de la Sala del Penal del Tribunal Supremo para la instrucción de la presente causa penal, es evidente que el magistrado recusado es también manifiestamente incompetente para decidir sobre la admisión a trámite de su propia recusación", señala el texto.
El recurso recuerda que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay dos órganos competentes para abordar la recusación de un magistrado de la Sala del Penal del Supremo: para la instrucción, el magistrado instructor de la recusación, que no es el propio magistrado recusado y, para la decisión, la propia sala. "De ninguna manera el magistrado recusado puede decidir sobre su propia recusación", remacha. Por esta razón, pide la revocación del auto impugnado.