El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha cargado contra los fiscales encargados de la causa del Procés por haberse pronunciado ya sobre cómo procederían recién aprobada la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados este jueves por la mañana. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo encargados del Procés para unificar criterios sobre la aplicación de la ley de amnistía y estos ya lo han avisado de que no ven procedente aplicar la amnistía a los encausados por malversación durante el 1-O, es decir, a Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig o Jordi Turull, ni tampoco pedir que se levanten las órdenes de detención. A través de un mensaje en la red social X, Boye ha ironizado sobre que los fiscales ya se hayan pronunciado sobre una norma que todavía no está en vigor.
“Es interesante que los fiscales se hayan pronunciado, sin que nadie se lo solicitara, sobre una ley que, entonces, ni estaba aprobada y, ahora, ni tan siquiera ha sido publicada… Es decir, opinando sobre una norma que todavía no está en vigor”, ha criticado al letrado, refiriéndose a que la medida de gracia hacia el Procés se ha aprobado hoy en la cámara baja, pero todavía faltan unos días hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por lo tanto, entre en vigor.
Los fiscales del Supremo se oponen a aplicar la amnistía por malversación y a levantar las órdenes de detención
Los fiscales del Supremo responsables del juicio del Procés han informado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que la orden de detención contra Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía y que no ven viable aplicar la norma al delito de malversación. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno le han argumentado que las medidas cautelares y órdenes de detención no pueden ser levantadas, aunque la ley contempla que tienen que ser alzadas inmediatamente cuando entre en vigor en el BOE. Los fiscales han formalizado su posición mediante la entrega de un escrito al fiscal general en el cual, además, razonan que hay que solicitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE y otra de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Además de Puigdemont, el juez del Supremo Pablo Llarena mantiene vigentes las órdenes de detención contra los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
En el encuentro, los fiscales también han trasladado al fiscal general que no se puede amnistiar el delito de malversación, lo cual afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito, que son el exvicepresidente Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y también concierne a Puigdemont, Comín y Puig, procesados por malversación y desobediencia. De esta manera, los fiscales entienden que la amnistía solo se puede aplicar a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
El Congreso aprueba la amnistía
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley de amnistía y quedará en manos de los jueces, que serán los encargados de aplicarla una vez que la ley sea publicada en el BOE y entre en vigor. Seis meses después de ser registrada en la cámara baja por el PSOE en solitario, pero con el apoyo manifiesto de todos los socios de gobierno y parlamentarios, la ley que prevé amnistiar cerca de 370 encausados por el Procés ha visto luz con el apoyo de 177 votos a favor frente a 172 en contra. Una norma que el Ejecutivo aprueba "en favor de la normalización de la convivencia en Catalunya" —mientras que el independentismo y la izquierda la defensa como el fin a la represión y judicial y política— y que fue pactada con el independentismo catalán a cambio de sus apoyos a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.