La investigación por terrorismo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto en el caso Tsunami Democràtic puede incurrir en una banalización expresamente censurada por la Unión Europea que "prohíbe presentar como actos terroristas aquellos que no son más que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales". Esta es la advertencia que el abogado Gonzalo Boye ha hecho a la Audiencia Nacional a través del escrito en que reclama acceso a la información del procedimiento contra el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y que le sean notificadas todas las resoluciones que se han dictado. El abogado sitúa el procedimiento contra Tsunami como una más de las causas de lawfare contra el independentismo o personas de su entorno, "incluso, hasta sus abogados".
El juez Manuel García Castellón hizo público ayer su auto sobre el caso Tsunami, por delito de terrorismo, en el que investiga a Alay, así como al president en el exilio, Carlos Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros. El juez ha pedido a la Guardia Civil que investigue si la muerte de un pasajero francés en el aeropuerto el 14 de octubre del 2019 durante las protestas se puede vincular a la investigación de Tsunami.
Terrorismo
Boye subraya que ha conocido por los medios de comunicación la calificación de terrorismo que atribuye el juez a esta investigación, y el hecho que se atribuye a las protestas de Tsunami la muerte de un ciudadano francés -que recuerda que fue desmentida por los servicios médicos que lo atendieron- e ironiza que sin duda esto obedece a "un error de apreciación" que tendrá que ser corregido en el curso de la tramitación del procedimiento".
Advierte que ha sido un error banalizar con este concepto porque los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana y los principios fundamentales en que se basa la UE. La voluntad del legislador de la Unión "impide la banalización del término y la criminalización de conductas que, como venimos diciendo, no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades reconocidos, entre otros, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE".
Actuación contra Alay
El abogado reprocha que ha conocido a través de los medios la actuación contra Josep Lluís Alay, que figura entre otros muchos ciudadanos catalanes identificados policialmente como independentistas; explica que desconoce desde cuándo se dirige contra él este procedimiento, aunque el juzgado sí conoce a Alay y su abogado; e ironiza que el hecho de que desde el 2019 no se les haya notificado ningún tipo de resolución debe obedecer a un error. "O a que siendo un procedimiento prospectivo y dirigido, en el fondo, en contra de centenares de miles de ciudadanos que participaron en las manifestaciones celebradas bajo el lema de Tsunami Democrátic, se ha podido omitir el mantenernos al caso del curso del procedimiento", añade.
Ante esta situación, el letrado reclama acceso a la integridad de las actuaciones y que se les notifiquen oficialmente todas las resoluciones dictadas a lo largo de estos años para, así, poder recurrir.
Investigar a Puigdemont sin suplicatorio
En respuesta a la intención del juez García Castellón de preguntar al TJUE si se puede aplicar la amnistía en casos de terrorismo, Boye advierte que resulta inimaginable que el juez pretenda hacer planteamientos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre conductas que, asegura, no constituyen ningún delito; o que el juzgado pueda estar investigando como terroristas la actividad académica o profesional, incluso política, de Alay; o que "haya estado investigando durante años a un miembro del Parlamento Europeo", en referencia a Carles Puigdemont, sin el preceptivo suplicatorio, "después de que el Reino de España haya informado al Parlamento Europeo de que esta Audiencia Nacional ni investigaba al citado eurodiputado ni a su entorno". "Es decir, no solo podremos defender a mi cliente sino, además, ser los primeros a desmentir un contenido que, en caso de ser cierto, sería incompatible con el ordenamiento de cualquier estado democrática y de derecho, también respecto del derecho de la Unión," concluye.
Lawfare
Boye aprovecha también su escrito para atribuir la investigación contra Alay a una de las diferentes causas prospectivas que se han gestado para criminaliza un movimiento político que "si por alguna cosa se ha caracterizado es por su carácter claramente pacífico", y asegura que se trata de lawfare, es decir, "acciones judiciales emprendidas como aparte de una campaña en contra de un país o grupo".
El abogado aprovecha para hacer una descripción del lawfare, y concluir que todas estas características se reúnen en la causa de Tsunami. Pero también deja claro que éste no es el único caso "con decenas de afectados por el uso de procedimientos judiciales con fines de acoso político, desacreditación o destrucción de la imagen pública o inhabilitación del adversario político". En el escrito denuncia que a lo largo de los últimos años han proliferado los procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable, que tienen como única razón el hecho de que se dirigen contra independentistas catalanes o personas de su entorno.