La detención de la eurodiputada Clara Ponsatí el pasado 28 de marzo ha puesto en marcha un nuevo frente de recursos de su defensa. Su abogado, Gonzalo Boye, ha presentado hoy un incidente de nulidad ante el tribunal de instrucción número 4 de Barcelona, que estaba de guardia aquel martes y al cual condujeron los Mossos a Ponsatí. En el recurso, reclama que se anule la decisión del juzgado de desestimar el habeas corpus que presentaron, reclamando la puesta en libertad inmediata de Ponsatí. Y, antes de resolver el incidente, pide que se planteen diferentes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre, entre otras cuestiones, la detención de una eurodiputada sin haber obtenido antes el preceptivo suplicatorio del Parlamento Europeo

Ponsatí volvió a Barcelona el pasado 28 de marzo, por primera vez desde que en 2017 se marchó al exilio y después de que la reforma del Código Penal haya limitado la causa contra ella a un delito de desobediencia. La eurodiputada fue detenida por los Mossos mientras se dirigía a un acto en la oficina de los europarlamentarios de Junts después de participar en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas. Los Mossos la condujeron al juzgado de instrucción número 4, que actuaba como juzgado de guardia, donde estuvo retenida durante horas. Su abogado presentó allí mismo una solicitud manuscrita de habeas corpus, alegando que la detención era ilegal, por lo cual exigía su inmediata puesta en libertad.

El juzgado deniega el habeas corpus

El juzgado consideró que la detención de Ponsatí no reunía los requisitos necesarios para incoar el procedimiento de habeas corpus, dado que la detención obedecía a una orden judicial, por lo cual dispuso que no era de recibo la inmediata puesta a disposición judicial ante la autoridad competente, y que tenía que continuar su situación de detención mientras se resolvía judicialmente sobre su situación. La resolución indicaba, además, que contra esta decisión solo había la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el TC.

Boye ha presentado ante el juzgado de instrucción un incidente de nulidad de actuaciones contra esta desestimación. Recuerda que Ponsatí fue detenida por los Mossos aunque mostró su identificación como eurodiputada, y aunque la orden nacional de detención contra ella había sido emitida por el juez de instrucción del Supremo, Pablo Llarena, el cual, según la defensa, "instruye indebidamente" la causa contra los líderes del procés, y no le corresponde actuar contra Ponsatí, dado que no es aforada.

Vulneración de derechos

En opinión del abogado, la denegación del habeas corpus por parte del juzgado de guardia vulnera el derecho de Ponsatí a la "tutela judicial efectiva sin indefensión" ante el juez ordinario predeterminado por la ley, e impide la tutela judicial de derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal, privándola del recurso contra la detención ilícita. Además, denuncia que se hace desoyendo la primacía de derecho de la UE sobre inmunidad de los eurodiputados, que obliga a "inaplicar las disposiciones y actos que resulten contrarios al derecho de la UE".

Recuerda la sentencia del TJUE de 2019 sobre el caso de Oriol Junqueras, que concluye que no se puede privar de libertad a un miembro del Parlamento Europeo sin haber conseguido antes el correspondiente suplicatorio, lo cual, indica el texto, "evidencia la ilegalidad de la detención" de Ponsatí. En este sentido, recuerda además que Ponsatí se dirigía a participar en un acto en función de su condición de eurodiputada, en la oficina que los europarlamentarios de Junts tienen en Barcelona.

Cuestiones prejudiciales

Por todo ello, el abogado reclama que se anule la decisión de rechazar la toma en consideración del habeas corpus. Además, reclama al juzgado de instrucción que presente diferentes cuestiones prejudiciales para consultar al TJUE sobre la vulneración de derechos que ha sufrido Ponsatí, después de ser detenida por orden de un juez que, según su defensa, no es el predeterminado por la ley; para aclarar si los eurodiputados se ven afectados por las normas especiales sobre aforamiento ante el Tribunal Supremo a que están sometidos los parlamentarios nacionales; y para preguntar sobre la detención de una eurodiputada sin el correspondiente suplicatorio.