Gonzalo Boye ha vuelto a valorar este jueves el dictamen de la ONU, que ha considerado que el Estado había violado el derecho político de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull cuando fueron suspendidos como diputados del Parlament antes de ser condenados. En este caso, sin embargo, lo ha revisado con la mirada puesta en el caso de la presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs. Boye es el abogado de la presidenta de Junts y ha recordado a través de un hilo en Twitter que la Organización de las Naciones Unidas ha dictaminado que "una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos, (...), con anterioridad a la existencia de una condena..., implica una violación de los derechos recogidos en el artículo 25 del Pacto".
En este sentido, Boye ha insistido en que "no existe distinción entre si la mencionada privación proviene de un organismo judicial o político, porque lo más relevante es que se produzca con carácter previo a la existencia de la sentencia de condena". Así, para el abogado, cualquier otra interpretación del documento hecho público ayer por el Comité de Derechos Humanos de la ONU es "un acto de trilerismo". En el contexto actual, este jueves la mesa del Parlament debate la reconsideración de la suspensión de Laura Borràs, presentada por Junts.
Ninguna diferencia entre Llarena y la aplicación del artículo 25.4
Así, el abogado ha defendido la importancia de la coherencia, después de conocer la decisión de la ONU, que todavía es más relevante en el ámbito del derecho, "ya que nadie puede ir en contra de sus propios actos, es decir, pedir con una mano lo que niega con la otra". Por eso, según ha tuiteado, "tan grave es lo que hizo Llarena con la aplicación del artículo 384 bis. de la Ley del enjuiciamiento criminal, como lo que se está haciendo con la aplicación del artículo 25.4 del Reglamento del Parlamento de Catalunya". Boye defiende que no existe ninguna diferencia entre las dos cosas, ya que "la vulneración del Pacto surge de la privación de los derechos, no del presunto delito".
Reunión de la mesa por la reconsideración
Aunque hoy ha sido Boye, como abogado de Borràs, quien ha salido a defenderla aprovechando la decisión de la ONU, ayer algunos de los miembros de Junts ya quisieron invocar este documento para revertir la suspensión. Por ejemplo, el diputado Francesc de Dalmases defendía vía Twitter que "lo que ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es puro sentido común", que "no se puede vulnerar la inviolabilidad parlamentaria sin sentencia previa". En la misma línea, la diputada y secretaria de la mesa del Parlament, Aurora Madaula, se refirió a la reunión de la mesa de este jueves, "donde el único punto será la reconsideración presentada ante la suspensión de Laura Borràs", y que "teniendo en cuenta los argumentos previos, y ahora con esta sentencia, ERC y la CUP tienen la oportunidad de revertir la injusticia. No hay excusas".