A medida que transcurre el mes de junio, y con la ley de amnistía publicada en el BOE desde este martes, el camino del retorno del exilio por Carles Puigdemont se va acortando. Ahora solo queda que se pueda concretar la fecha de la investidura del nuevo president de la Generalitat y si el nuevo president del Parlament, Josep Rull propone un candidato para la investidura, convocaría el pleno para el martes 25 de junio. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya había confirmado este miércoles que el líder de Junts volverá a Catalunya para el debate de investidura, aunque el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención al considerar que el delito de malversación no está incluido en la ley de amnistía. "Todo catalán lo vivirá y aceptará (el regreso de Puigdemont) con mucha alegría. Es normal que haya gente nerviosa, pero la gente lo verá y lo entenderá". De la misma manera, Boye, también ha afirmado que si el presidente en el exilio es detenido cuando vuelva a Catalunya, "la gente lo verá y no lo entenderá". "Estamos preparados para este escenario. Lo que tenga que pasar, pasará, pero estamos preparados y reaccionaremos", ha añadido el abogado.

Un retorno rodeado de secreto

Boye ha hablado sobre la actualidad política en el programa Tot es mou de TV3 y se ha mantenido firme en que Puigdemont volverá para la sesión de investidura del Parlament, que se tendría que celebrar el martes 25 de junio, una fecha "que tiene que poner el presidente del Parlament", Josep Rull, aunque el abogado ha querido mantener la confidencialidad de todo lo que rodea este regreso a casa, el cómo y el dónde. "Es lo que todo el mundo quiere saber, pero nuestra mejor defensa es ser reservados. El retorno del presidente es secreto, pero volver, volverá", ha remachado Boye, aunque ha mantenido la incógnita de si Puigdemont volverá si el presidente Josep Rull convoca un acto equivalente a una investidura fallida, en el caso de que ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont tengan los apoyos suficientes para ser elegidos president de la Generalitat.

Síntoma de cómo está España

El abogado de Carles Puigdemont también ha opinado sobre la aplicación de la ley de amnistía y la rebelión de los fiscales contra la amnistía, y la guerra abierta entre los cuatro fiscales de Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su negativa a amnistiar el delito de malversación que pesa contra algunos líderes del independentismo, entre otros, sobre Puigdemont y Oriol Junqueres. "Hay una lucha de poderes y nosotros estamos en la barrera como espectadores, que hagan lo que quieran," ha dicho Boye sobre la rebelión de los fiscales. "Es un problema de autoridad sistémica, un espectáculo poco edificante que dice mucho de cómo están las cosas en España", ha añadido. El abogado se ha mostrado cauto y no ha querido aventurarse en lo que puede pasar. "En España hemos visto muchas cosas, y vamos a ver cómo se resuelve ahora esta lucha de poderes, puede pasar de todo", veremos cuánto de poder tienen los fiscales de sala, si impera el sentido común, si tienen que ser sustituidos o si se tiene que marchar el fiscal general. El pronóstico es arriesgado". Con todo, Boye ha asegurado que no tiene la sensación que la judicatura y la fiscalía "estén improvisando, porque hace muchos meses que escuchamos lo que iban a hacer", y ha confirmado que no se plantea "una denuncia por prevaricación, hay que dar tiempo y recorrido a la ley".

La ley acabará en el TJUE

Lo que sí ha dado por hecho Gonzalo Boye es que el Tribunal Supremo acabará llevando la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar aspectos como si la malversación está incluida dentro de la ley. "Acabaremos en el TJUE y habrá sorpresas, ya se ha pronunciado sobre otras amnistías", ha dicho el abogado de Puigdemont, que aunque reconoce que "cualquier texto legal se puede retorcer, la voluntad del legislador está ahí". Boye también ha opinado sobre el delito de terrorismo que pesa sobre Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, en la causa abierta por la instructora del Supremo, Susana Polo. Boye tiene muy claro que no tiene recorrido porque "la ley se tiene que aplicar directamente, no ha habido ningún acto de terrorismo, porque manifestarse no es terrorismo y está incluido en la ley de amnistía".