El abogado Gonzalo Boye, responsable de la defensa de Josep Lluís Alay en el caso Volhov, responsabiliza al juzgado número 1 de Barcelona, cuyo titular es el juez Joaquín Aguirre, de la filtración de información confidencial con la que se ha alimentado la información periodística sobre una supuesta "trama rusa" del procés. Boye reclama en un escrito que ha presentado este jueves ante el juzgado de instrucción que, ante la gravedad de estos hechos, se envíe a reparto el caso para que lo investigue otro juzgado.

A finales de enero, Aguirre prorrogó una de las piezas del caso Volhov que vincula al president Carles Puigdemont con la supuesta trama rusa del procés. El juez argumentó que el 28 de diciembre de 2023 había recibido una carta anónima con recortes de prensa elaborados por un equipo internacional de periodistas en la que se explicaba que Puigdemont había recibido a un emisario del presidente de Rusia, Vladímir Putin, unas horas antes de que se votara el 27 de octubre del 2017 en el Parlament la declaración de independencia de Catalunya.

Filtración de información

En el escrito presentado hoy la defensa de Alay denuncia que el origen de esta información periodística es el contenido del teléfono de otro de los investigados, Víctor Tarradellas, cuyo móvil le fue incautado en el momento de su detención el 24 de mayo del 2018, a raíz de una investigación sobre subvenciones de la Diputación de Barcelona. Detalla que después de que la Guardia Civil extrajera el contenido del teléfono y lo entregara al juzgado, "una copia exacta de los datos" fue proporcionada por el juzgado a terceros no relacionados con la causa", que examinaron su contenido. A continuación, un consorcio internacional de periodistas publicó información confidencial extraída del móvil, "ofreciendo su propia interpretación de los datos", que se acabó remitiendo al juzgado con cartas anónimas.

La conclusión del escrito es que "utilizando fondos públicos, el juzgado desarrolló la teoría de la supuesta trama rusa basada en estas cartas anónimas", a la vez que los fallos judiciales han ido alimentando la cobertura mediática de esta supuesta intervención del entorno de Putin. La defensa de Alay considera que, ante la gravedad de los hechos, "constitutivos presuntamente de diferentes delitos", habrá que enviar el caso al juzgado decano de Barcelona para que otro juzgado lo investigue, identifique a sus autores y establezca las responsabilidades correspondientes. "No podrá ser este juzgado el que investigue los hechos", subraya.

 

Más cartas anónimas

A lo largo del escrito, el abogado reprocha que la carta anónima en la que se basa el juzgado "seguramente, no es tan anónima como se nos hace creer", pero además tampoco es la primera vez que se opera de este modo, dado que el 23 de enero de 2020, este mismo juzgado recibió una carta/denuncia anónima —que en realidad, según puntualiza, es fácilmente localizable, dado que llevaba remitente—, sobre actividades de personas de origen ruso en Barcelona. Recuerda que, a partir de esa primera carta anónima, que incluye documentación de los llamados Panama Papers, "se empieza a construir el delirio" sobre posibles vinculaciones del independentismo con el gobierno ruso, aunque no aporta "ninguna conexión tangible, mínimamente racional".

La denuncia detalla que el teléfono de Tarradellas fue incautado el 24 de mayo de 2018, cuando fue detenido en el marco de la investigación por el desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona; que un año después, en mayo de 2019, se comisionó a la Guardia Civil para el análisis de su contenido; y que el mes de agosto de ese año se emitió el informe en el que se señalan dos conversaciones, que no tienen nada que ver con el caso, pero que podrían ser constitutivas de delito. A pesar de no ser hechos vinculados a la investigación, el juzgado prosiguió la investigación en el mismo procedimiento —"como si eso fuera legal y posible", reprocha el escrito—. Con estas conversaciones, se abrió la pieza separada dos.

Aparece Putin

"Misteriosamente, y siguiendo lo que parecería un plan de incriminación previamente trazado, es a partir del análisis de estas conversaciones, donde aparece, por primera vez, referencia a una series de supuestos contactos con potenciales enviados del presidente ruso Vladímir Putin", añade el texto, donde se incluye el escrito de la Guardia Civil en el que se hablaba de la supuesta oferta de apoyo ruso a los independentistas con financiación con criptomonedas y el envío de soldados, a pesar de no poder identificar quién estaba detrás de estos supuestos contactos.

Es a partir de aquí cuando, según añade, empieza a alimentarse el procedimiento de "supuestos anónimos basados en artículos de prensa", los cuales han sido elaborados a partir de datos reservados del procedimiento, provenientes del teléfono de Tarradellas, y que, por lo tanto, han surgido del propio juzgado, y a partir de los cuales "este juzgado construye una sorprendente persecución relativa a una supuesta trama rusa".

Filtración de datos confidenciales

El escrito denuncia -y aporta las pruebas- que el 21 de marzo de 2021, se filtró el contenido de los archivos y hace un análisis pormenorizado de los datos, que incluye el fichero HASH del disco —con el que queda registrada la intervención policial, y que sirve para certificar que los archivos no han sido manipulados—. Todo ello, según el escrito, "autentifica, inequívocamente, que se trata de una copia exacta de la copia realizada por la UDEF en agosto de 2018, que incluye el contenido íntegro del teléfono, con calendario, contactos de la agenda, llamadas, mensajes y ubicaciones, entre otros.

Añade que, "por sorprendente que parezca", todo este contenido quedó en manos de un consorcio internacional de periodistas, que publicó los resultados de sus investigaciones en mayo de 2022, lo cual forma parte del material que se recibió con las cartas anónimas, a partir de las cuales el juzgado ha estructurado "esta sorprendente investigación".

"La información periodística, de la que se alimentan varias publicaciones y este procedimiento, contiene una serie de informaciones, chats y fotografías que han sido extraídas inequívocamente del referido disco que almacenaba el contenido íntegro del teléfono incautado al señor Tarradellas", concluye el texto, que se remite a las afirmaciones hechas por la propia información, donde se citan cerca de 200 páginas de mensajes de este móvil que forman parte de la investigación y se publican fotografías contenidas en este dispositivo.