"La investigación y el juicio ha sido uno A por ella", ha afirmado Gonzalo Boye, en su informe final para pedir la absolución de Laura Borràs, a quien la Fiscalía ha mantenido la petición de 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación a cargo público por haber fraccionado contratos cuando era directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 en el 2017y, y adjudicarlos a la misma persona: el informático Isaías Herrero. En la vista de este miércoles en el TSJC, Boye ha vuelto a recriminar al presidente del tribunal, Jesús Maria Barrientos, de "falta de imparcialidad" al haber cortado la intervención de la defensa, en este caso de la abogada Isabel Elbal, y al haber afirmado "hasta tres veces" en el juicio que "en fases posteriores" lo expongan, haciendo entender que la sentencia ya está escrita y que será condenatoria, y en la cual tendrán que presentar recurso, en las próximas fases.
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Por eso, el abogado ha pedido al tribunal que garantice los derechos de la presidenta de Junts "para evitar un caso de Borràs Castanyer contra el Reino de España", haciendo referencia que llevarán su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Pacto con la Fiscalía
Además, el abogado de Borràs ha asegurado que "se ha vulnerado su derecho de defensa", por el acuerdo entre la Fiscalía y las otras dos defensas, pocos días antes del inicio del juicio y confirmado en la sesión de este miércoles. En concreto, la fiscal Teresa Duerto ha modificado las conclusiones y ha rebajado la petición a Herrero, de 6 a 2 años de prisión; y a su amigo Andreu Pujol, por haber hecho dos presupuestos, de 3 a 1 año y dos meses de prisión. Boye también ha declarado que se han vulnerado los principios de garantías y de igualdad de armas. "Estos hechos no son delictivos. Ha habido vulneración de derechos y falacias", ha sostenido Boye.
"Patada al servidor"
En cuanto a los indicios incriminatorios, Boye ha afirmado que los agentes de los Mossos con su actuación “hemos pasado de la patada a la puerta, a la patada al servidor” porque copiaron todo el material que tenía el ordenador de Herrero, sin garantías judicial ni protección del material. También ha cuestionado el testigo de los trabajadores de la Institució, Assumpta Pagespetit y Roger Espar, que acusan Borràs de haber aprobado que todos los trabajos fueran para Herrero, y ha asegurado que inicialmente tenían doble condición (testigos e investigados) y “el miedo es libre”.
No hay falsedad ni prevaricación
Boye ha asegurado que no ha habido falsedad documental porque Herrero presentó “presupuestos embusteros, no falsos, y, por tanto, en el ámbito penal no es delito”. Ha insistido que la presentación de tres presupuestos para adjudicar un contrato menor era una decisión de la técnica Pagespetit, a pesar de que siguiendo una recomendación del Departament de Cultura y que incluso la Guardia Civil dijo que la ley no lo exigía. “A por ella”, ha ido repitiendo Boye, al enumerar las irregularidades de los procedimientos.
El abogado también ha afirmado que la fiscal no ha demostrado el delito de prevaricación que acusa Borràs. “No hay ningún dolo ni perjuicio”, ha remachado Boye porque se realizó el trabajo del portal web de la Institució y los otros encargos, y ha asegurado que “es una falta de respeto decirle que ha perjudicado la ciudadanía". Además, ha criticado la falta de proporcionalidad de la condena que la Fiscalía pide a la presidenta suspensa del Parlament. Por todo esto, ha pedido su libre absolución.