El abogado Gonzalo Boye ha dejado claro que piensa denunciar hasta la última sombra de duda o de omisones que aparezcan tras su procesamiento en un caso de blanqueo de capitales del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El letrado, responsable de la estrategia de defensa de Carles Puigdemont y parte de los miembros del Govern exiliados, ha advertido que su procesamiento omite que ni el SEPBLAC, ni la Abogacía del Estado, ni los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han visto "ninguna conducta constitutiva de blanqueo de capitales y, además, han ordenado la devolución del 50% del dinero intervenido" en la operación que dio pie al caso por el cual se les procesa.

La acusación contra Boye se inicia con la intervención de su despacho de abogados para recuperar 889.999 euros que la policía había requisado a otro de los procesados, Manuel González Rubio, en el aeropuerto de Barajas en febrero del 2017. Posteriormente, fueron la declaración del propio González Rubio y otros de los encausados las que implicaron a Boye en el blanqueo del dinero, con acusaciones que el abogado asegura que son falsas y que quedan desmentidas con las mismas pruebas que contiene el sumario.

Ningún ilícito penal

A través de una nota de prensa, Boye ha advertido que el texto del auto de su procesamiento dictado por la jueza María Tardón demuestra que, en este caso, el SEPBLAC "en ningún momento entendió que pudiera existir ilícito penal alguno", dado que en caso contrario habría recurrido al ministerio fiscal, tal como es su "obligación establecida", pero no lo hizo.

Además, recuerda que el despacho recurrió los cinco expedientes sancionadores de este caso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero que este dato ha quedado omitido en el auto.

Los cinco expedientes sancionadores fueron resueltos por el TSJM, que dictó cinco sentencias diferentes, todas ellas firmes, "estimando parcialmente los cinco recursos y ordenando la devolución del 50% del dinero intervenido el 6 de febrero del 2017, dinero propiedad de Manuel González Rubio". "Este dato también se omite en el auto de procesamiento", añade.

También la Abogacía del Estado se adhirió a los recursos presentados por los letrados, apoyando la devolución del 50% de las cantidades intervenidas, pero eso también se omite en el auto, según se denuncia en la nota de prensa.

 

En la imagen principal, el abogado Gonzalo Boye