El abogado Gonzalo Boye, que lleva la defensa en el exilio de los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, ha presentado un escrito al Tribunal Supremo para pedir al magistrado Pablo Llarena si ha obedecido la justicia europea y ha suspendido la causa contra sus representados. El viernes de la semana pasada, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dejó claro que las euroórdenes contra los líderes independentistas están suspendidas. Así, el vicepresidente de este órgano desestimó, una vez más, la petición de los políticos exiliados que querían que se suspendiera el levantamiento de su inmunidad. El TGUE desestimó la demanda de Puigdemont, Comín y Ponsatí para recuperar la inmunidad como eurodiputados porque consideró que no hacía falta porque las euroórdenes estaban suspendidas.

 

Ahora, Boye pregunta a Llarena si ya ha dictado las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del procedimiento legal "a todos los efectos". El abogado pone el acento en si Llarena ya ha comunicado la suspensión a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Sistema de Información de Schengen y a la Interpol, sobre todo con respecto a las euroórdenes de detención.

De la misma manera, el abogado de los líderes independentistas pide que se le entregue una copia de las notificaciones que se envíen a los cuerpos de seguridad explicándoles que las euroórdenes están suspendidas.

Las palabras del TGUE

Hasta ahora, Llarena mantenía el procedimiento legal y las euroórdenes vigentes, pero la última resolución del TGUE subraya que no es relevante que el juez español diga que están vigentes. El TGUE dijo literalmente que "en virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales tienen que tener en cuenta la suspensión del proceso penal y de ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados". Por todo eso, el tribunal insiste en que "el órgano jurisdiccional español estaba al corriente del efecto suspensivo".

Después de que se hiciera pública la resolución del TGUE, Gonzalo Boye explicó en un hilo de Twitter que se confirma la tesis de los exiliados: las euroórdenes del juez Llarena no están activas. Boye aclaró que no se les han concedido las medidas cautelares (la inmunidad parlamentaria), pero que se les da la razón en el sentido de que las euroórdenes no son ejecutables y no se les puede detener.

El abogado remarcó que los eurodiputados pueden seguir disfrutando de la libertad de movimiento por todos los estados miembros de la UE, porque no los pueden detener. Es por eso "que el auto nos da la razón", matizó Boye.

 

Foto principal: El expresidente y eurodiputado Carles Puigdemont / EFE