Contundente escrito de los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal contra el silencio del juzgado de lo penal número 11 de Barcelona sobre la aplicación de la amnistía a los síndicos del 1-O Jordi Matas y Josep Pagès. Los letrados han presentado un escrito ante el juzgado número 11 de Barcelona en que reclaman "una vez más" que se aplique la amnistía a los dos síndicos y advierten al juzgado sobre la "dilación indebida" de su decisión. Boye y Elbal, que han hecho llegar al tribunal el enlace en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en que se publicó la ley de amnistía el pasado mes de junio por si "no se han enterado de la entrada en vigor de la ley", denuncian que ya solicitaron hace ocho meses la aplicación de esta norma.
"Parece que este juzgado, por razones que desconocemos, pero que exceden del ámbito de la carga laboral que pueda afectarlo, está incurriendo en una clara e indebida dilación", advierte el texto, que reprocha que, aunque el 30 de julio del año pasado solicitaron la aplicación de la amnistía a sus clientes, no han obtenido todavía respuesta sobre la tramitación de su petición. Igualmente, señalan que tampoco les consta si el fiscal ha presentado alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía, tras su petición.
En este sentido, el escrito recuerda que la ley establece que la aplicación de la amnistía se tiene que hacer con "carácter preferente y urgente", sea cuál sea el estado de tramitación del procedimiento, y que las decisiones se tienen que adoptar en el plazo máximo de dos meses.
La paciencia deja de ser virtud
Los responsables de la defensa de Matas y Pagès advierten que "las dilaciones indebidas están claras y la decisión de no tramitar ni resolver la petición también", por lo cual apuntan que, junto con la exigencia al tribunal para que se aplique la ley, preparan ya el recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional, así como el ejercicio de las acciones legales que estimen oportunas.
"Es evidente lo que está sucediendo y creemos que hemos llegado al punto en que la paciencia deja de ser una virtud, más teniendo en cuenta que este juzgado, por su propia omisión, dejó pasar la posibilidad de cuestionar la ley en sede constitucional o europea porque hacerlo ahora solo serviría para agravar la situación y el daño ya causado por una negativa implícita a aplicar la ley y resolver las peticiones de esta parte", subrayan los escritos, en un aviso directo al tribunal sobre el impacto que tendría activar ahora el recurso que no puso en marcha cuando se aprobó la ley.