Este lunes el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona archivó provisionalmente la investigación por el espionaje en los teléfonos móviles del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, y el expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, mientras no llega la información solicitada a la empresa israelí NSO, propietaria del software Pegasus. El magistrado considera que al no poder avanzar la investigación sin esta información, la instrucción podría caducar, y por eso suspende los plazos de instrucción hasta que NSO responda. Este martes, en declaraciones en TV3, el abogado Gonzalo Boye ha indicado que "puede ser que el archivamiento judicial sea para evitar que se agoten los plazos, pero lo desconozco. Nuestro planteamiento es que no sabemos quién lo encargó, lo tiene que decir la investigación". En la misma línea, el abogado ha subrayado que el hecho de que el espionaje se haya hecho con una autorización judicial "no quiere dice que no sea un delito".
Boye ha explicado que en el caso de Torrent y Maragall él consideraba que era mejor presentar querellas por separado para tener cada uno su caso concreto para investigar; Boye apunta que quizás el espionaje de los dirigente de ERC lo podría haber encargado personas diferentes. El escrito de la defensa de Torrent y Maragall considera que se tiene que mantener la investigación abierta en este juzgado en octubre del 2020 porque hay que analizar si se acumulan otras denuncias interpuestas hace poco por|para el espionaje con Pegasus de otros independentistas catalanes. "Es de sentido común que el sistema penal no puede mantener abiertas en paralelo diferentes investigaciones por los mismos hechos y dirigidas contra los mismos organismos o personas, y que no tendría sentido que 65 juzgados diferentes remitieran 65 comisiones rogatorias para preguntar los mismos datos", afirma el abogado Andreu Van den Eynde.
El abogado recuerda también que cuando presentó la querella por el espionaje a Torrent y Maragall pidió algunas diligencias que el magistrado instructor decidió no ordenar en aquel momento. Por último, reafirma que desde el 4 de febrero del 2021 consta la traducción de la respuesta de Irlanda a la comisión rogatoria donde se pedía el lugar de residencia de unos datos informáticos reclamados. Irlanda dijo que los datos se almacenan en los Estados Unidos, pero el juez instructor no ha ido otro paso desde entonces. Por todo eso, la defensa de Torrent y Maragall considera que no se puede cerrar provisionalmente la causa, porque todavía se pueden hacer otras diligencias de investigación y, además, se pueden acumular otras víctimas del mismo espionaje.
Boye, víctima de espionaje
El abogado Gonzalo Boye es uno de los 18 espiados con Pegasus que ya ha confirmado el Centro Nacional de Inteligencia: "Eso que han hecho es un delito, los argumentos son increíbles, ya hemos hecho una puesta en conocimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del caso y también lo haremos en breves al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)", ha relatado Boye. De la misma manera, el letrado se ha mostrado convencido de que las instituciones europeas atenderán el caso: "Al TGUE no le gustará nada la manera de actuar de España", ha aseverado Boye.