El abogado Gonzalo Boye, en representación de la ANC y el Consell per la República, ha acusado a la Comisión Europea de haber vetado la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) de las entidades soberanistas por el "fondo de la cuestión". "Lo que molesta en realidad es el fondo de la cuestión", se ha quejado Boye al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
La abogada defensora del ejecutivo europeo, María-Isabel Martinez del Peral, ha asegurado que "la justificación es breve, pero suficiente". "No es tan dramático que se deniegue la petición porque se puede reformular", ha añadido.
Según Boye, si Bruselas hubiera "fundamentado" bien la denegación de la Iniciativa de las organizaciones independentistas habrían hecho "cuatro cambios" en el texto y lo habrían vuelto a presentar. "Lo que realmente les preocupa es el procedimiento público que supone la ICE", ha alertado Boye.
Boye ha acusado a la Comisión Europea de vetar la ICE independentista por el "fondo de la cuestión" / Foto: ACN
El TGUE decidirá en los próximos meses si revoca o no la decisión de la CE de rechazar la iniciativa de las entidades independentistas. Si la CE pierde el caso en última instancia, se vería obligada a permitir una campaña de apoyo a la ICE catalana por toda Europa.
En caso de que sea así, la ANC y el Consell per la República tendrían que poner en marcha una campaña para recoger un millón de firmas en la Unión Europea en un año en apoyo de la apertura de un proceso sancionador contra España a raíz del asunto catalán.
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Las dos entidades registraron en mayo del 2019 una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que pretende instar a la Comisión Europea a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para sancionar al Estado español "por la vulneración de los derechos políticos y civiles" del pueblo catalán y "por extensión de las minorías nacionales y sus representantes".
Bruselas declaró inadmisible la petición alegando un defecto de forma. En concreto, la rechazó porque esta no "invitaba" explícitamente a la Comisión a "presentar una propuesta de acto jurídico". "Este es el único objetivo que puede tener una ICE", recordó el ejecutivo europeo.
La ICE de las entidades pretendía que "tanto la Comisión como el Parlamento" tuvieran "conocimiento de la situación" en España respecto de "sus riesgos sistémicos y la falta de cumplimiento de normas" europeas. También que fueran conscientes de "la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España" y de su "trato a las minorías" en el marco del artículo 7 de los tratados, entre otros.
La ANC y el Consell impugnaron la desestimación del ejecutivo europeo delante del TGUE, que ahora estudia el caso. Las entidades independentistas aseguran que respetaron todos los requisitos para presentar la ICE y que la Comisión Europea la tendría que haber registrado.