"Ilegal y prevaricadora." Son algunos de los adjetivos que el penalista Gonzalo Boye ha calificado el auto, del viernes pasado, del juez del caso Volhov. Joaquín Aguirre, en la que crea una pieza separada sobre una supuesta injerencia rusa en el procés de independencia de Catalunya e imputa 11 personas por el delito de traición, entre ellas a los presidentes Artur Mar y Carles Puigdemont, y también a Boye. En el escrito presentado al titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este miércoles, Boye insta al juez a aplicar la amnistía al director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en el caso Volhov y ahora en la nueva pieza. El penalista indica que lo reclama por una cuestión de forma, tal como el magistrado plantea en su resolución (dando 2 días a las partes), aunque después no lo recoge al final, en la parte dispositiva, y que después presentará otros recursos.
Boye sostiene que la resolución del juez es "ilegal y prevaricadora" porque ha desoído la orden de la Audiencia de Barcelona, del mayo pasado, para que cerrara el caso Volhov, abierto hace cuatro años. Y prevaricadora porque, según el relato del juez, indica Boye que se desprende que "no quiere aplicar la amnistía". Boye lo alecciona, e indica que la ley no excluye el delito de traición, como interpreta el juez, sino si de los hechos investigados existe un uso de la fuerza real y una amenaza real a la unidad de España, hecho que "todo el mundo sabe que no ha sucedido", afirma el abogado de Puigdemont y Alay.
Un uso indebido de fondos públicos
"Es un auto que no solamente no es ajustado a derecho, sino abiertamente prevaricador y desobediente, que se ha gestado a partir de un uso indebido de fondos públicos para mantener una persecución política que no es compatible con las reglas de un estado democrático y de derecho.", denuncia Boye, en el escrito dirigido al juez Aguirre. Públicamente, el abogado ha asegurado que presentará una querella contra el juez y "sus asesores".
Precisamente, este miércoles las defensas del caso Volhov han sabido que el magistrado del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, informó el juez Aguirre, hace cuatro meses, que descartó toda investigación sobre una posible injerencia rusa relacionada con el movimiento independentista catalán, que le reportó la Comisaría General de Información de la policía española. El magistrado de Barcelona, pero, tampoco le ha hecho caso y ha seguido con su investigación, y además, la ha adjudicado ahora a los policías de la comisaría de Madrid, en lugar de la Guardia Civil.
"Es una telenovela"
En su escrito, muy duro, Gonzalo Boye, afirma de la nueva pieza de investigación: "No existe una clara configuración de hechos porque nos encontramos ante una suerte de telenovela en la cual se van entrecruzando diferentes relatos, incluidas ideaciones fantasiosas o ensoñaciones impropias de una investigación judicial."
El abogado continúa y sostiene que "la falta de neutralidad - de imparcialidad judicial- se refleja a través de muchos y muy diversos actos, y y que si el magistrado instructor no tuviera intención de inaplicar en la presente pieza separada las normas contenidas en la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía no habría incurrido en el artificioso proceso de gestación de la presente pieza separada creada ex novo".
Imputación fallida al diputado de Junts De Dalmases
Boye le reprocha al juez Aguirre que en el procedimiento Diligencias Previas 111/2016, "a lo largo de los más de 8 años de instrucción se han ido creando una serie de piezas separadas a gusto del instructor y en la medida de su especial manera de ver la realidad", y le recuerda que la sistemática de piezas separadas llegó a ser denominada por la Audiencia de Barcelona como “sudoku procesal".
El juez, en la resolución del viernes, admite que no puede investigar más en la pieza del caso Volhov y, por eso, crea una de nueva en la pieza madre, el caso Diputación (DP 111/2016), de la cual sostiene que continúa viva porque ninguna defensa le ha pedido nada, y de la pieza de las fundaciones Catmon-Igman, crea la pieza nueva sobre una supuesta injerencia rusa. En este caso, Boye, le recrimina que ha dejado dormida esta pieza y que ya el TSJC le dijo que no había pruebas suficientes para incriminar al diputado de Junts y miembro de una de las fundaciones investigadas, Francesc de Dalmases, y ahora investigado de nuevo para justificar la nueva causa.
Ante esta "persecución", Alay dejó testigo ante notario de sus tres viajes en Rusia para poderlo demostrar, cuando el juez lo cite a declarar, aún pendiente, después de haberlo hecho detener el 2020, según la documentación a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat.