"¿Qué pasa si hay juicio y nadie va? Eso es lo que tendríamos que haber hecho". Con esta contundencia ha defendido el abogado Gonzalo Boye que los presos tendrían que estar todos en el Exilio. "Habríamos tenido tantas batallas jurídicas como exiliados," ha añadido, en la segunda sesión del día de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en la que ha participado. Boye ha protagonizado una mesa redonda con la profesora de derechos humanos en Ginebra e impulsora de la defensa de los presos y exiliados en la ONU, Neus Torbisco-Casals, y el vicepresidente de la ANC, Josep Cruanyes.
En ella, también ha vaticinado que después de la sentencia el Tribunal Supremo volverá a cursar una euroorden contra los exiliados, pero ha defendido que aunque el estado español cree que "el problema es de forma" en realidad es "de fondo y de hechos", dando a entender que no les será tan fácil ganarla. Delante más de 200 personas, Boye ha recordado la batalla jurídica ganada en Alemania sobre la extradición del expresidente Carles Puigdemont, y ha defendido que los hechos que se están juzgando en el estado español con respecto al procés "no tienen encaje legal en los países democráticos".
El abogado de Puigdemont también ha defendido que en la situación actual del procés es "difícil de reconducir a una situación anterior" y que ahora sólo queda "ver cómo se puede producir el divorcio". Preguntado por los asistentes sobre qué tienen que hacer para contribuir a la causa catalana, Boye ha recomendado "presionar a los políticos catalanes para que entiendan que no se dispara dentro una trinchera en una situación de confrontación" y ha pedido a los ciudadanos participar en el Consell de la República y a los partidos que vayan unidos.
Luxemburgo, una "cuestión de tiempo"
Finalmente, también ha dado más detalles sobre el caso de la acta de eurodiputados de Puigdemont y Toni Comín que está recurrido en Luxemburgo y ha defendido que, a pesar del primer revés del pasado mes de julio, "es cuestión de tiempo". Sobre este punto, de hecho, en la conferencia de la mañana ha desgranado una de las rendijas que podría utilizar en esta demanda y, concretamente, ha hablado del derecho de las minorías. También ha vaticinado que la sentencia del procés saldrá antes del 14 de octubre, día en que está prevista una sesión por decidir sobre el acta de europdiputat del líder de ERC, Oriol Junqueras.
Por otra parte, la experta en derechos humanos, Torbisco-Casals, ha defendido la necesidad de poner más esfuerzos en la batalla jurídica, que ha tachado de "crucial", y ha asegurado que, a pesar de una sola resolución de la ONU pueda no ser cumplida por España y ser pasado desapercibida, cuando haya una décima o una quincena "muchos actores externos entenderán que sí que hay un problema". Torbisco-Casals también ha asegurado que el derecho a la autodeterminación irá cambiando con el tiempo, ha tildado a España de tener mentalidad de "neocolonialismo interno" y ha querido quitar hierro al debate sobre la falta de hoja de ruta del independentismo, asegurando que no hay un manual para este tipo de casos.
Para acabar, el vicepresidente de la ANC ha acusado a las instituciones judiciales del Estado de actuar como "hooligans" y crear delitos "ad hoc" para reprimir el movimiento y crear "miedo". Cruanyes también ha asegurado que el estado tiene una "tradición represiva" y ha querido lanzar una advertencia: "mientras sigamos luchando por la autodeterminación tenemos que contar con que tenemos que hacer frente a la represión y utilizarla a favor nuestro".