La cada vez más clara evidencia de que no se gastó dinero público en la celebración del referéndum de autodeterminación, reconocida hoy mismo por el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, vacía de contenido el procesamiento por malversación de los principales implicados en la causa general contra el 1-O.

Así lo ve el abogado de Toni Comín y Meritxell Serret, Gonzalo Boye, que aunque Montoro haya asegurado que "la malversación no requiere solo un desvío de fondo: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo", ha pedido que se informe a los jueces europeos de la confesión del ministro.

Por medio de varios tuits, Boye ha señalado que si Montoro asegura que no hubo "gasto de dinero público", no se da ninguno de los dos delitos a nivel de legislación alemana", es decir, los de rebelión y malversación.

"Tema aclarado", añade Boye, para insistir en que ahora habría que hacer "una reunión en La Haya para informar a las autoridades alemanas, belgas o escocesas de lo que ha declarado Montoro".