El abogado Gonzalo Boye, defensor de los independentistas espiados por el Estado español con el software Pegasus y víctima del CatalanGate ha reaccionado con contundencia en el borrador del informe de la Eurocámara que confirma las escuchas ilegales al movimiento político hecho público este martes. Aparte de la represión por parte del Estado a un movimiento democrático, Boye ha puesto el acento en el hecho de que lo espiaran a él y a otros abogados en representación de los líderes independentistas, por la gravedad del delito que representa al vulnerar una norma tan fundamental como el secreto profesional, y, de rebote, el mismo derecho a la defensa. Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha remachado que el espionaje a abogados imposibilita la existencia de "el estado de derecho y la democracia". "Aquí está donde nos han arrastrado, fuera del estado de derecho", ha añadido más tarde.
La comisión Pegasus de la Eurocámara señala el Gobierno como responsable del CatalanGate
La autorización del juez de espiarlo fue "arbitraria"
Aparte de las reacciones a través de Twitter, Gonzalo Boye también ha manifestado indignación en una entrevista por El món a Rac1, en la cual ha expresado que él añadiría otro punto a las conclusiones de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo. Así, aparte de violar los derechos fundamentales como la privacidad de las víctimas del CatalanGate, el espionaje del independentismo por parte del Estado "viola también el artículo 24 de la Constitución española-- que dicen defender tanto-- sobre el derecho a la Defensa", ha dicho en referencia a las escuchas a abogados que comprometerían el secreto profesional. También ha querido recordar que el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo "autorizó el espionaje de mi teléfono durante el mismo tiempo que resolvía los pleitos electorales" de los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, hecho que, a su vez, "afecta también a los pleitos pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", porque compromete "la confidencialidad de estos procedimientos". En cuanto a la autorización del juez para espiar a un abogado, Boye lo ha tildado de "absolutamente arbitrario, falto de cualquier fundamento legal y que nos retrotrae a los tiempos en blanco y negro", ha lanzado.
¿Qué pasará ahora?
Preguntado sobre cuáles son las siguientes pasas a seguir después del informe, Boye ha detallado que lo remitirán al Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la UE. "Creemos que es tremendo. Fíjense en que en estos tribunales se están pleiteando contra el Parlamento Europeo, pero, sobre todo, contra el Reino de España, mientras tanto el Reino de España nos espiaba", ha dicho con tono de indignación. "Sin secreto profesional, no hay estado de derecho. Aquí está donde nos han arrastrado, fuera del estado de derecho. El Estado tiene que empezar a replantearse donde quiere jugar. Si dentro de la UE respetando las reglas, o fuera. Ya está bien de huir de explicaciones y de estar negando la realidad", ha concluido".